El rey emérito, Villarejo, los ERE y el CGPJ marcan la agenda judicial

Mientras tanto, otros asuntos de relevancia está previsto que se conozcan en la primera mitad del año, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre la pieza política del 'caso de los ERE' fraudulentos de Andalucía. Un fallo que podría acabar con todo un expresidente socialista, José Antonio Griñán, en prisión. La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió en marzo de 2021 que confirmase la condena a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos. Por su parte, otro histórico presidente de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves, o los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, se enfrentan a su inhabilitación para cargo público por prevaricación.

En las próximas semanas se conocerá también el previsible archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalías del Supremo al rey emérito por su fortuna oculta en el extranjero. Se cumplen ya 18 meses de pesquisas que provocaron su retiro voluntario a Abú Dabi.

También en el 'caso Villarejo', la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se debe pronunciar sobre el recurso presentado por el Ministerio Público en contra del archivo de la pieza de la 'operación Kitchen' a María Dolores de Cospedal, exministra y número dos del PP de Rajoy.

Un tema con evidentes réplicas para el principal partido de la oposición, que podría ver en la segunda parte del año el juicio por el espionaje ilegal con medios públicos a su extesorero Luis Bárcenas. En Génova también esperan las réplicas de lo que queda de 'caso Gürtel': el juicio que se celebra ahora por la pieza de Boadilla (Madrid), marcado por el arrepentimiento de la mayoría de los acusados, o el cierre de la investigación por la 'caja B' de Bárcenas y las donaciones de las empresas contratistas.

Al margen del ámbito jurisdiccional, el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entra en un momento decisivo. En diciembre pasado se cumplieron tres años de la interinidad del mandato presidido por Carlos Lesmes. Si prosigue la falta de acuerdo entre PP y PSOE, agravada por las restricciones del Consejo en funciones para nombrar las vacantes pendientes de altos cargos de la judicatura, ya jubilados, la situación en determinadas Salas del Supremo sería crítica: cientos de asuntos paralizados por la falta de magistrados.

En el Tribunal Constitucional la vista está puesta en la renovación de junio, aunque pendiente también del efecto colateral del bloqueo en el CGPJ, que debería elegir a su cuota para la corte de garantías.

Pero antes de llegar a junio, sobre la mesa tiene asuntos candentes que resolver: el recurso contra la ley del aborto, cuya ponencia corresponde al conservador Enrique Arnaldo, recién nombrado a propuesta del PP; la ley de eutanasia; el asunto de los juramentos del cargo en el Parlamento; la ley educativa del Gobierno (conocida como 'ley Celaá'); la reforma que restringe las funciones del CGPJ en funciones o los amparos pendientes del 'procés' catalán.

Sobre este asunto, el Supremo debe pronunciarse sobre los recursos contra los indultos parciales concedidos por el Gobierno a los líderes independentistas presos. Una decisión que tuvo la oposición del tribunal juzgador.