El Ejecutivo replica al Supremo que otro 'procés' se evita con política

El Supremo desbarató los planes de distensión del Ejecutivo con ERC al entender que no cabía aplicar a los condenados la nueva malversación atenuada, lo que significa que Oriol Junqueras seguirá inhabilitado hasta 2031 y que la treintena de exaltos cargos de la Generalitat aún pendientes de juicio ante el TSJC se enfrentarán, muy probablemente, a penas elevadas de cárcel; precisamente, lo que los republicanos buscaban evitar. Al mismo tiempo, el alto tribunal descartó encuadrar la intentona independentista de 2017 en el nuevo delito de desórdenes agravados con el que el Gobierno trató de defenderse de los ataques de la oposición por dejar desarmado al Estado.

Pero lo que más daño hace a los socialistas es que el Supremo afirme algo muy similar a lo que denunciaba el PP y advierta de que, en el futuro, conductas similares a las del 'procés', «gravemente atentatorias al sistema constitucional» pero en las que no concurran violencia o intimidación, pueden quedar «impunes». Algo que también señaló Llarena al hablar de «un contexto cercano a la despenalización».

En enero, la número dos del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ahorró un reproche al magistrado por lo que en el PSOE entienden como una extralimitación. «En un Estado de derecho la Justicia tiene que administrar justicia y los políticos legislar conforme a nuestra escala de valores, en este caso al impulso a la convivencia que creemos que tiene que marcar el futuro en Cataluña», dijo. Este martes, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó una recriminación tan clara, pero sí replicó al aviso de los jueces y, de paso, a Alberto Núñez Feijóo, que ha ofrecido a Sánchez sus votos para reintroducir la sedición en el Código Penal tras su «ridículo jurídico».

«El Gobierno lo que defiende es que hay herramientas en la política que evitan los hechos que se produjeron en 2017, que con el diálogo hemos conseguido recuperar las relaciones institucionales y la convivencia de los catalanes y de Cataluña con el conjunto de los españoles. Y que no queremos retroceder», dijo la también ministra de Política Territorial. «Hay que evitar la judicialización de los problemas políticos pero, por supuesto -añadió-, el Estado cuenta con herramientas jurídicas, tanto en el Código Penal como en la Constitución».

El modo en el que los socialistas se enfrentan a la resolución del alto tribunal está, en todo caso, lleno de aristas, porque aunque es evidente que los efectos de su reforma penal no han sido los pretendidos, que no haya beneficiado a los independentistas puede positivo ante el 28-M. O, al menos, eso intentarán: usar la inhabilitación de Junqueras como prueba de que el PP «mentía».

La lectura hecha por los jueces de la nueva malversación puede ahorrar además el temido goteo de rebajas de condenas por corrupción. Y en el PSOE creen que el riesgo de que ERC se revuelva en su contra es nulo porque al fin y al cabo hicieron lo que este partido les pidió. «Saben que no controlamos el Supremo», alega un alto dirigente. Rodríguez también descartó que regrese la tensión territorial «por una circunstancia nada menor -dijo-. Y es que también la sociedad catalana ha evolucionado y no quiere retroceder».