El PSOE y el PP preparan el terreno para cerrar en breve la renovación del CGPJ

Egea aseguró que el principal partido del Gobierno está emprendiendo «el camino adecuado para renovar las instituciones» al «aceptar» una de las exigencias que Pablo Casado puso siempre sobre la mesa: que sus socios queden fuera del pacto. Y, en una entrevista en la Cope, apeló a otras dos: avanzar en la despolitización de la justicia y reforzar su independencia.

En realidad, nunca en todo este tiempo ha habido conversaciones con Podemos. El grueso de la negociación con el popular Enrique López había recaído hasta ahora en el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (que no es precisamente uno de los miembros del Ejecutivo más apreciado por la formación de Pablo Iglesias) y en estos momentos en el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, remarcó este lunes en todo caso que, pese a su adscripción al PSOE, ambos operan como representantes de la coalición de Gobierno. Además, rechazó «chantajes y vetos» por parte del primer partido de la oposición. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reaccionó con mucha más agresividad y acusó a Egea, directamente, de mentir «para sabotear las conversaciones o porque tiene miedo de que Vox les llame 'derechita cobarde».

Numéricamente, populares y socialistas se bastan por sí solos para acometer en el Congreso la renovación del Poder Judicial, porque juntos suman la mayoría reforzada de tres quintos que exige la ley. Pero el espíritu de la norma aboga por un acuerdo más amplio. Y, además, es cierto que la competencia del PP con Vox, por un lado, pero también los equilibrios del PSOE con sus socios, condicionan sus actuaciones y sus discursos.

El Ejecutivo tenía asumido, precisamente por ese factor, que hasta que no pasaran las elecciones catalanas del pasado día 14 no sería posible cerrar nada. Ahora se respira cierto optimismo y pese a que pudo levantar ampollas, fuentes del PSOE aseguran que las palabras del número dos del PP no afectarán a la marcha de las negociaciones. Pero en Moncloa reclaman prudencia y advierten de que aún no se puede dar nada por cerrado.

La idea a finales de la semana pasada era que esta pudiera ya ser la definitiva para el apretón de manos. En su conversación telefónica, hace seis días, Sánchez y Casado no se limitaron a hablar del CGPJ. También incluyeron en el listado de acuerdos institucionales que como partidos de gobierno pretenden abordar, la renovación del Defensor del Pueblo, del Consejo de Administración de RTVE y la reforma de la ley electoral para derogar el voto rogado. Esta última iniciativa se debate este martes en el Congreso. Y el jueves será la votación para elegir a los consejeros de la radio y televisión públicas. El plan era hacer un paquete.

El propio CGPJ, que lleva con el mandato caducado desde hace dos años, ha entendido que en esta ocasión hay posibilidades de acuerdo y por esa razón decidió este lunes suspender ocho nombramientos discrecionales en la judicatura que estaban previstos para el Pleno del día 25.

Otro indicio a favor del pacto lo dio la semana pasada la vicepresidenta Carmen Calvo cuando aseguró en la Ser que no se reactivará la proposición de ley que presentaron a la vuelta del verano PSOE y Podemos para rebajar las mayorías de elección del órgano de gobierno de los jueces y poder proceder a su renovación sin los populares. La retirada de esa norma venía siendo otra de las demandas del PP.

Con todo, en lo que más insistió este lunes García Egea fue en que se impida que haya personas que «den el salto» de la política al Poder Judicial, algo que ha ocurrido en numerosas ocasiones, también a iniciativa de su formación. En esta ocasión, sin embargo, los populares temen que en la lista que presente el PSOE se incluya a algún juez fácilmente identificable con Unidas Podemos, como Victoria Rosell, que en estos momentos ocupa el cargo de delegada del Gobierno para la violencia de género.