Los diez puntos inconstitucionales del decreto energético, según el Gobierno de Ayuso

Los servicios jurídicos de la Puerta del Sol sostienen que el carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas decae porque «el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema». De ahí que consideren que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción».

De la misma forma, ese carácter básico es cuestionable porque «nos encontramos ante un acuerdo europeo -justifican en la Comunidad de Madrid- que no es obligatorio». Creen también que el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo «choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia y que establece la necesidad de la ventilación».

Consideran que la obligación de instalar cartelería o pantallas para informar de las medidas de ahorro energético, como recoge el real decreto-ley, «no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación». También que la extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo »excede la necesaria proporcionalidad».

Sobre el apagado de escaparates, el Gobierno de Díaz Ayuso lleva días advirtiendo de que España será el único país de toda la UE que a las 22:00 horas de este martes apague sus escaparates. Esa decisión, arguyen, «colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día». En la misma línea, señala que el apagado de edificios públicos »chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad» y con el desarrollo turístico.

En Sol, arguyen que el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones «podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico». Afirman, además, que se produce una «discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea», que recoge un año,- «y la indicada en el decreto», que impone las medidas hasta octubre de 2023.

Por último, insisten en que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada «vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse», tal y como sucedió, inciden, en las derivadas de los estados de alarma» durante los peores momentos de la pandemia.