El Gobierno salva la reforma laboral gracias a un diputado del PP y la derecha impugna la votación

Nada fue este jueves normal en el momento de anunciarse una votación que 24 horas antes el Ejecutivo daba por superada con una mayoría inédita en la legislatura y muy incómoda para Unidas Podemos pero suficiente. El desconcierto se apoderó del Hemiciclo cuando la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, se equivocó con las cuentas y llegó a dar por derogada la reforma. «Los letrados me informan de que el real decreto ley ha sido convalidado», dijo segundos después, cuando los rostros de sus compañeros de partido ya parecían demudados. El suspiro en la bancada del Gobierno fue evidente. Eran casi las 19:00 horas. Pero la noche aún sería larga.

En un primer momento, la portavoz del PP, Cuca Gamarrra, todavía intentó que no se diera por bueno el sí de Casero, que, según fuentes populares, había solicitado permiso para corregirlo antes del cierre del periodo estipulado para emitir el voto telemático. Los letrados del Congreso no vieron margen alguno para la rectificación, según fuentes de la presidencia de la Mesa, como tampoco se admiten correcciones del voto presencial. Con todo, el PP insistió en que recurrirá la decisión de Batet de dar por zanjado el asunto. Alegan incluso que, en realidad, fue el sistema el que registró un voto distinto del que el diputado extremeño había emitido y que se ha producido un «incumplimiento del reglamento».

De acuerdo con una resolución de la Mesa de mayo de 2012, según los populares, el voto telemático tiene que «comprobarse telefónicamente con el diputado antes del inicio de la votación presencial en el pleno» y, según el artículo 82 punto 2 del Reglamento, el voto emitido «deberá ser verificado personalmente, mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la mesa».

En la práctica, no es ese el sistema que se sigue. A lo largo de la pandemia, el voto telemático ha sido la fórmula más habitual para un enorme número de diputados y el procedimiento de doble verificación del voto es meramente informático. La aplicación pregunta al diputado si está seguro del sentido de su voto y le permite alterarlo. Pero una vez confirmado, no hay vuelta atrás. Simplemente, se genera un 'pdf' que sirve como resguardo. El PSOE insistió este jueves en ese asunto y apeló a errores previos cometidos por diputados de otras formaciones a los que tampoco se permitió corregir nada ni, como pretendió Casero, votar posteriormente en el pleno. «Lo que no se puede hacer es votar dos veces», argumentó el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez.

La versión del PP es que el 'pdf' que se generó a Casero no coincidía con lo que realmente había votado; algo que desde otras formaciones se considera poco creíble. «Lo que no podemos permitir es que cuando a un partido no le gusta un resultado, que además cuenta con el aval del secretario general y los servicios jurídicos de la Cámara, no lo acepte», insistió el líder de la bancada socialista.

La número dos de Vox en el Congreso, Macarena Olona, alegó, sin embargo, que ella misma ha llegado a votar en una ocasión por error telemáticamente y desde el Hemiciclo, aunque el sentido de su voto era el mismo y no sólo se contabilizó una vez. Como el PP, habló de «pucherazo» y anunció de inmediato un recurso a la Mesa por no haber atendido la petición del popular Casero y advirtió que irán al Tribunal Constitucional por vulnerar sus derechos. Casi a las 22:00 horas, Casado, a través de Twitter, anunció que su formación seguiría el mismo camino y agotará todas las vías al entender que «es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones».

Así las cosas, el que el Gobierno quiso presentar como uno de los principales logros de la legislatura, ya maltrecho por la bronca parlamentaria con los socios de la investidura, puede pender ahora de la decisión de los tribunales, aunque desde el PSOE se negaron este jueves a asumir que el PP y Vox tengan caso; algo en lo que también coincidió el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.

El discurso de los socialistas fue, no en vano, triunfal. «Hoy es un día importante para nuestro país porque hemos aprobado un decreto que supone acabar con la precariedad y que va a dotarnos de los instrumentos jurídicos necesarios para que nuestro sistema laboral se recupere más y mejor y para poner a España a la vanguardia», reivindicó ya cerca de las 21:00 horas Gómez. A esas horas, sin embargo, el Boletín Oficial de las Cortes no había publicado aún la convalidación.

La reparadoja es que toda esa polémica acabó eclipsando la que, a priori, parecía la noticia del día: la confirmación de la ruptura del bloque de la investidura y su sustitución -en principio, coyuntural- por una mayoría que la vicepresidenta, Yolanda Díaz, jamás habría querido y de la que llegó a abjurar en público. Una mayoría que pivotaba sobre Ciudanos y una formación tan poco a la izquierda como el PDeCAT, cada vez más en el papel de la antigua CiU, junto a formaciones como Más País y Compromís y la suma de partidos regionalistas, desde los canarios Coalición Canaria y Nueva Canarias o el cántabro de Miguel Ángel Revilla a Teruel Existe. Ni el PNV, ni ERC, ni EH-Bildu.

También la bronca hizo que pasara más desapercido el mensaje que no se resistió a colgar en su cuenta de Twitter el reaparecido Pablo Iglesias, que en las últimas semanas no ha dejado de intenar aleccionar a su sucesora: «La reforma laboral aprobada hoy trae mejoras para los trabajadores, pero la votación demuestra que la 'geografía variable' es una trampa. De no ser por el error, hoy la derecha podría haber asestado un golpe durísimo a Yolanda y a UP. Toca rehacer y cuidar el bloque plurinacional», exigió.