El descenso a los infiernos de Fernández Díaz

Optimismo a pesar de que el descenso a los infiernos se ha consumado esta semana con el golpe definitivo a su reputación de décadas de hombre recto, con la petición de la Fiscalía de imputarlo por usar en 2013 el Ministerio del Interior y sus medios para espiar a Luis Bárcenas y conocer exactamente hasta dónde el extesorero del PP estaba dispuesto a tirar de la manta para causar un daño irreparable al partido.

Lo del uso partidista del que quizá sea el ministerio más sensible de cualquier país no es, sin embargo, una acusación nueva. De hecho, mucho antes de que se conociera la existencia de la 'operación Kitchen' para espiar a Bárcenas la sospecha de que Jorge Fernández había convertido algunas estructuras de Interior en una suerte de aparato de contrainteligencia del Partido Popular ya existía desde mediados de 2016. Es lo que se dio en llamar las 'cloacas de Interior' o la 'policía patriótica'. Se trataba de una camarilla parapolicial capitaneada por el que entonces era el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y que se dedicó durante los cinco años en que Fernández estuvo al frente de Interior (22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016) a hacer todo tipo de maniobras y a redactar informes de apariencia oficial, plagados de mentiras e insinuaciones para desprestigiar a los rivales políticos de los populares, al objeto de frenar al independentismo catalán o de dinamitar las investigaciones que apuntaban a la corrupción del PP.

Miembro destacado de esa 'policía patriótica' era el omnipresente comisario José Villarejo, al que el PP también encargó espiar a Bárcenas, la persona que es el origen de la 'operación Kitchen' por la que Fernández Díaz está a punto de ser imputado formalmente. Que todo un exministro acabe declarando como investigado en la Audiencia Nacional es sin duda noticia, pero desde luego no es ninguna sorpresa que quien tenga que hacer el paseíllo sea Jorge Fernández.

Cualquiera que haya seguido los pasos del político durante los últimos años sabe que Fernández viene rozando el poste de la imputación a cuenta de sus 'favores' al PP desde hace tiempo. Anduvo muy cerca de acabar ante un juez cuando en 2016 se airearon (más bien, fueron aireadas durante la guerra fratricida entre miembros de la 'policía patriótica') las cintas de sus encuentros con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, el 2 y 16 de octubre de 2014, en sendas reuniones en las que aparentemente ambos conspiraban contra políticos nacionalistas catalanes. Era aquello de la «Fiscalía te lo afina».

La publicación de esos audios no supuso el primer golpe a la reputación de hombre recto que Jorge Fernández había logrado cultivar durante casi cuarenta años de carrera política en UCD, AP y PP, en puestos tan variados como gobernador civil en Asturias o Barcelona, concejal, diputado autonómico o nacional, secretario de Estado o vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados. En realidad, el inicio remoto de ese descenso a los infiernos y del fin de su labrada imagen de hombre de religión y principios fue cuando trascendió que en julio de 2015 se había reunido en secreto, en su despacho de Interior, con el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, cuando éste estaba ya acorralado por las investigaciones de la Policía.

Jorge Fernández logró esquivar este escándalo con solo algunos rasguños gracias a que la mayoría parlamentaria del PP le libró de dar explicaciones y porque, a diferencia del encuentro con De Alfonso, de la reunión con Rato no quedaron grabaciones y nunca se pudo probar que el entonces ministro tratara de mediar a favor del expresidente de Bankia.

El exministro, sin embargo, no pudo salir tan airoso del asunto de la 'policía patriótica', sobre todo, una vez que los populares perdieron el control del Congreso. A pesar de abandonar Interior y de que su sucesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, se esmeró todo lo que pudo en desmantelar esa camarilla parapolicial, la sombra de Villarejo, Pino y los demás era demasiado alargada para pasar página y el Parlamento aprobó crear en marzo de 2017 una comisión de investigación con un título nada prometedor para él: 'Sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado con fines políticos'.

El propio Fernández abrió las comparecencias con un interrogatorio convertido en un lodazal lleno de acusaciones y descalificaciones que pocas veces se han escuchado en el palacio de la Carrera de San Jerónimo. Su intervención no aclaró nada de hasta dónde había llegado la utilización del ministerio. Él lo negó todo con vehemencia. «No ha habido ninguna orden, y se lo digo rotundamente, ninguna orden, ninguna voluntad política, en absoluto, de investigar ni a Podemos ni a nadie. Se lo puedo asegurar», llegó a clamar por su inocencia ante una comisión en la que solo en el PP le creían.

Más allá de su presencia, los meses de broncas comparecencias arrojaron titulares con muchos exabruptos pero muy poca información de lo que en realidad había pasado en ese ministerio durante la época de Fernández al frente. PP y PSOE se pusieron de acuerdo para vetar el interrogatorio de Villarejo y la comisión se cerró apresuradamente sin escuchar al 'rey' de esas cloacas.

Aun así, el Parlamento, en sus conclusiones, enterró para siempre la fama de hombre recto de Fernández al zanjar que, bajo su mandato -y con su conocimiento y consentimiento-, en la Policía Nacional se creó a partir de 2011 una estructura ilegal comandada por Eugenio Pino con los fines, entre otros, de obstaculizar las investigaciones de corrupción que afectaban al Partido Popular (y muy en particular todo lo relacionado con la 'trama Gürtel' y por ende con Luis Bárcenas); espiar y desprestigiar a rivales políticos como Podemos (a través del informe Pisa) o del nacionalismo catalán (a través de varios informes apócrifos sobre falsas corruptelas de dirigentes de la antigua Convergència).

Jorge Fernández, más allá de su posible imputación en la 'operación Kitchen', jamás ha respondido judicialmente por haber promovido supuestamente esa 'policía patriótica', pero su reputación ya estaba irremediablemente dañada desde que en 2017 el Congreso constató que hizo una «inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho».

Nadie duda en el Parlamento de que, si se celebra, como parece, una nueva comisión de investigación, esta vez sobre la 'operación Kitchen' de manera monográfica, las conclusiones van a ser muy parecidas, sino idénticas, a las de la 'policía patriótica'. Y tampoco de que Jorge Fernández va a defender que nunca se movió ni un milímetro de la senda recta que siempre le marca su conciencia. En el caso de que prospere esta comisión, explican desde el Congreso, la mayor incertidumbre sea, tal vez, qué actitud adoptará la formación de Pablo Casado y si este nuevo Partido Popular está dispuesto a dejarse los pelos en la gatera defendiendo la honestidad de un Jorge Fernández Díaz ahora al borde de la imputación por proteger de cualquier manera, incluidas las formas menos 'ortodoxas', al PP de Mariano Rajoy.