Sánchez enfila la recta final de la reforma laboral con un acuerdo interno de mínimos

En puridad, lo único que hicieron esta vez los dos coaligados es delimitar políticamente los términos en los que a partir de ahora transcurrirá la negociación y lanzar un mensaje de unidad. Si la semana pasada, Sánchez dio por bueno que la ministra de Trabajo seguiría liderando el diálogo con sindicatos y patronal pero a cambio de incluir en el mismo a otros departamentos dirigidos por ministros socialistas, esta se reafirmaron los objetivos generales que se pretenden alcanzar, que poco o nada difieren de los ya fijados tanto en el pacto de coalición como en el plan de recuperación remitido a Bruselas.

El hecho de que se vuelva a hablar de «derogación» es para Unidas Podemos –y así lo trasladó este martes– una victoria moral de Yolanda Díaz porque, como siempre hizo la ministra de Economía, en los últimos días el propio presidente del Gobierno se había mostrado reacio a emplear ese verbo. El pasado domingo Sánchez puso en guardia a sus socios, de hecho al afirmar, tras la cumbre del G20 en Roma, que hará que reconstruir «algunas de las cosas» que se hicieron «mal» en 2012.

Lo cierto es que, en la práctica, el uso de esa palabra no tiene por qué cambiar nada. El propio acuerdo de coalición la recoge y, sin emabrgo, centra en solo seis aspectos el alcance de la reforma comprometida.

El primero de esos puntos, que buscaba acabar con posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, ya ha sido aprobado. Los que quedan se refieren, fundamentalmente, a la ultractividad (por cuánto tiempo se extiende la aplicación de un convenio en caso de que no haya acuerdo para su renovación); la prioridad de los convenios de empresa sobre los colectivos, o las condiciones de la subcontratación. Pero no se habla, por ejemplo, de otra cuestión polémica de la reforma del PP, el abaratamiento del despido.

La propia portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodriguez, rebajó en su habitual comparecencia de los martes la trascendencia de que se use un término u otro como parámetro de la profundidad de la reforma. «Sería muy pobre referirnos a lo que está planteando el Gobierno simplemente como una cuestión semántica. Cualquier reforma implica la derogación de la anterior y no se puede producir una derogación sin dar alternativa –remarcó–. No era posible quedarnos con una contrarreforma sino que tenemos un proyecto más ambicioso: acompañar la transformación del mercado productivo para crear un nuevo marco».

Eso último, también recogido en el comunicado del Ejecutivo, es lo que se apunta el PSOE, empeñado en presentarse ante los ciudadanos como una izquierda más institucional y posibilista. En el entorno de Yolanda Díaz –que ya prepara su candidatura a la presidencia del Gobierno al frente de una plataforma que supere el ámbito de Unidas Podemos– sostienen que ella también ha abogado siempre por el acuerdo con sindicatos y patronal y blanden su historial más reciente, en el que sólo se ha obviado a los empresarios para acometer la última subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pero los socialistas argumentan que es su presencia en la negociación lo que garantizará una reforma también digerible para la CEOE y para Bruselas. Y así justifican el email de la discordia; ese en el que Nadia Calviño avisó, hace dos semanas, de que tomaba el control.

En el texto consensuado este martes, el PSOE asume la validez de las conversaciones mantenidas por Díaz con los agentes sociales en los últimos meses y tildados por la ministra de Economía, el pasado 21, de meros «contactos preliminares». A cambio, remarca que lo que se buscará en la recta final de la negociación, «sobre la base del trabajo realizado», (y a través de reuniones periódicas, cada miércoles)será un acuerdo «con todas las partes justo y equilibrado». Acuerdo, que el Ejecutivo aspira a concretar antes de que acabae el año en un real decreto ley para así cumplir con la Comisión Europea.

Hasta que no llegue ese momento, nada podrá garantizar que desaparezcan las tiranteces enter los dos partidos del Gobierno, pero al menos este martes ambos quedaron satisfechos. «El presidente –se felicitaron fuentes de la Moncloa– ha puesto orden».