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Las dudas del juez Manuel García Castellón y los enredos de la pieza del 'caso Villarejo' donde se investiga el robo del móvil a una antigua asesora del líder de Podemos han puesto a Pablo Iglesias contra las cuerdas. PP, Vox y Ciudadanos quieren que ... el vicepresidente segundo comparezca en el Congreso para explicar el presunto «chivatazo» que recibió de la Fiscalía en el marco de la citada investigación, así como para conocer por qué retuvo durante «tantos meses» la tarjeta SIM del teléfono de su excolaboradora Dina Bousselham y después se la devolvió dañada. «Ha optado por la técnica del avestruz. En lugar de dar explicaciones a iniciativa propia prefiere esconder la cabeza», ha asegurado este lunes la portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.
Para los liberales, después de las últimas informaciones sobre el caso cabe preguntarse si el líder de Podemos es, como viene diciendo desde hace años, víctima de las llamadas cloacas del Estado o, por el contrario, es «él mismo» el que forma parte de esos bajos fondos. «Lo que hizo –ha remarcado la portavoz– fue una campaña de la mentira y de la infamia» y, al final, se ha descubierto que él «no es el perjudicado».
En el PP insisten en que Iglesias «tiene que romper su silencio» pero también exigen Pedro Sánchez que aclare lo que sabía del presunto chivatazo. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha recalcado en Telecinco que fue el socialista quien decidió «situar a un radical y una persona sectaria» en la Vicepresidencia del Gobierno. «Consejo de Ministros solo hay uno -ha aseverado- y responsable de ese Gobierno solo hay uno y se llama Pedro Sánchez».
Hasta ahora, el Gobierno ha esquivado la polémica y ha obviado toda pregunta al respecto. La ministra portavoz, María Jesús Montero, defendió el pasado viernes que ella no podía «ser intérprete» de las palabras de Iglesias y que, en todo caso, el Ejecutivo no entraría a valorar una cuestión «en investigación judicial». «No tengo nada que decir y me remito a lo que decidan y resuelvan los tribunales competentes en la materia», ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Vox ha ido más allá y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el líder morado, la que fuera su asesora, Dina Bousselham; la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa por los delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. «No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y la niegan vivan en la impunidad, la mentira y falsificación de noticias», ha subrayado el portavoz nacional, Jorge Buxadé.
En el llamado 'caso Dina', una pieza separada del 'caso Villarejo', se investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias y la aparición en casa del excomisario de un volcado del móvil de la denunciante, lo que el actual vicepresidente segundo tachó de una operación de las 'cloacas del estado' y de la «policía política» para perjudicarle.
Para la formación de Santiago Abascal, «se están revelando hechos que ponen muy en entredicho la veracidad de la denuncia» al salir a la luz las contradicciones en las declaraciones de los implicados y la investigación judicial que muestra que Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido. «Todo obedece –apunta Vox– a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias, de la que Podemos se beneficiaría de la causa contra Villarejo, estando entonces próximas las elecciones» de 2015.
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