Delgado recuerda a los fiscales que las medidas de protección son «escasas» y más necesarias en Sanidad

La carta se ha remitido después de que ayer varias asociaciones de fiscales exigieran a la Fiscalía General que sea más contundente en su reclamación al Ministerio de Justicia, y que mientras no lleguen estos equipos se interrumpan todos los servicios presenciales del colectivo.

Delgado señala que tas la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno, el servicio público de la Justicia, «como toda la actividad pública del Estado, se acomoda al fin fundamental de preservar la salud de la ciudadanía, estableciéndose para ello unos servicios mínimos y básicos en un Estado social y democrático de Derecho».

Así, alude a que en coordinación con el resto de implicados en el sector, se ha restringido al máximo la actividad de las Fiscalías en base a unos servicios mínimos esenciales, ordenando así minimizar la presencia de fiscales y funcionarios en las oficina. La actuación de la Fiscalía General, añade, se está desplegando a través de las jefaturas de todos sus órganos y en permanente contacto y coordinación con el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas.

En cuanto al material solicitado, recuerda la Fiscalía General viene solicitando medios de protección y prevención frente al COVID-19 y que la emergencia nacional y la situación sanitaria« que se vive en España »está evidenciando una escasez de equipos de seguridad que precisa gestión conforme a un orden racional«. Añade que es Sanidad »quien establece pautas y prioridades«.

«Ante la falta de algunos medios solo nos caben dos opciones: dejar de prestar el servicio público y, por lo tanto, dejar desprotegidos a la ciudadanía, a las víctimas, a los menores, a los detenidos y a los colectivos vulnerables que cada día no tienen más remedio que acudir a la Justicia; o, por el contrario, normalizar una respuesta ordenada, de la misma manera que somos capaces de compatibilizar esta emergencia con las actividades comunes de la vida diaria, y cumplir, por lo tanto, con el mandato dispuesto en el Decreto de servicios esenciales», afirma.

Ante esta disyuntiva, «la decisión de esta Fiscal General es clara», añade la fiscal general, «y es que no cabe elección alguna» porque la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, según señala la propia ley que regula el Estado de Alarma.

Por ello, Delgado sige «alentado a todos los/las fiscales para que continúen prestando a la ciudadanía los servicios mínimos que se esperan del Ministerio Fiscal y de todos sus integrantes», agrega la carta, en la que dice que buscarán «todos los recursos existentes pero, mientras tanto», no dejarán de auxiliar a los ciudadanos que solo esperan de los fiscales «responsabilidad y solidaridad con todos ellos y con el resto de los profesionales que hacen frente a esta situación insólita».

Finalmente, reconoce a todos los miembros de la Carrera Fiscal su compromiso con el servicio público, «en las condiciones que sea», igual que se le reconoce al personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los suministradores de productos de primera necesidad, «en fin, a todos los que en esta crisis intentan servir a la ciudadanía con los medios que tienen a su alcance».