Delgado admite «falta de claridad» en el primer comunicado sobre la demanda a Llarena

Delgado ha afirmado hoy que «desde el primer momento» actuó para defender la soberanía jurisdiccional de España y al juez Llarena en Bélgica y ha estimado que un «exceso de transparencia» pudo contribuir a la polémica que ha rodeado su gestión.

En su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado ha detallado todos los pasos dados por su ministerio y el de Exteriores hasta la contratación del despacho de Bruselas que defiende a Llarena. Un contrato presupuestado en más de 540.000 euros.

La ministra ha insistido en que siempre ha actuado con «absoluta responsabilidad» y transparencia ante un asunto que era jurídicamente «complicado» y que exigía prever todos los posibles escenarios para defender la integridad de jurisdicción de España y hacerlo «absolutamente bien para no tener un solo pero en un tribunal internacional».

Pero como autocrítica ha admitido «la falta de claridad» de la nota de prensa emitida el 23 de agosto, en la que se señalaba que se contrataría un bufete de abogados para defender «la soberanía e inmunidad jurisdiccional» de España en Bélgica, pero que «en ningún caso» para defender a Llarena por manifestaciones «de carácter privado» que se le atribuían en la demanda. Una decisión que provocó una reacción en cascada de asociaciones de jueces y fiscales y que provocó el cambio de postura de Justicia. Hasta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez intervino para posicionarse en favor de pagar la asesoría legal del magistrado instructor del 'procés' por tratarse de un asunto de Estado.

En la demanda, los procesados reprochan al juez unas declaraciones realizadas ante la prensa en un curso en Oviedo, en las que, según los demandantes, el magistrado demostró su parcialidad. En ese escrito los firmantes falsearon la declaraciones de Llarena, dando por hecho que había vulnerado el honor de los políticos independentistas. Un hecho que atribuyeron a un error de «traducción» al francés, pero que ha provocado la presentación de querellas particulares y una queja en el Colegio de Abogados de Madrid contra el coordinador de la defensa de los procesados, el abogado Gonzalo Boye.