La declaración de Calvente abre el calvario judicial de Podemos

De puertas hacia fuera, desde la formación de Pablo Iglesias se explicó su despido por la querella por presunto acoso sexual y laboral que interpuso una compañera del equipo jurídico contra él. Una causa que fue archivada en julio pasado de forma provisional por un juzgado de Madrid, con el visto bueno de la Fiscalía, tras no apreciar indicios de delito en los hechos relatados.

En ese auto, la juez Rosa María Freire señaló que la querella era «un reflejo de discrepancias personales, profesionales, y quizás también, de una lucha de poder» interna en Podemos. Una perfecta radiografía del estado de salud que vive el segundo partido del Gobierno, cuyo horizonte judicial a corto plazo tampoco ayuda a levantar el ánimo y augura un fuerte desgaste político durante el próximo otoño.

Aquel mensaje de Calvente en redes sociales, aderazado con conversaciones anteriores filtradas que estaban incluidas en la causa por acoso, llevaron al juez que instruye el 'caso Villarejo' a citarle este jueves como testigo (comparecerá por videoconferencia). Manuel García Castellón tomó esta decisión solo 10 días después de que Calvente tildara de «patraña» el 'caso Dina'. Éste tendrá que explicar ahora sus palabras y la estrategia procesal que se acordó seguir entonces.

En este procedimiento se investiga el robo del móvil a la exasesora de Iglesias en 2015 y el posterior uso de sus datos. Desde la cúpula morada trataron de convertirlo en una causa general contra la «cloaca policial y mediática» en su «guerra sucia» contra Podemos. Pero al final, tal y como advirtió Calvente, el caso ha acabado por salpicar no solo a la denunciante (Dina Bousselham), sino también al vicepresidente del Gobierno por las diferentes versiones dadas al juez.

El segundo frente abierto también lo protagoniza Calvente. El mismo día que recibió la noticia del archivo de la querella de su compañera Marta Flor, compareció en otro juzgado para ratificar la denuncia que él mismo presentó tras su despido por las supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación.

En concreto, tenía «sospechas de cobros bajo mano» de algunos miembros, así como de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados. Calvente eximió entonces a Pablo Iglesias e Irene Montero y apuntó al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, al responsable económico, Daniel de Frutos, y a la gerente Esther Val. El juez ha encargado a la policía judicial que identifique quién solicitó 55.000 euros a la caja de solidaridad. En esta causa se investigan delitos de malversación y administración desleal y los investigados han sido citados el 20 de noviembre junto a un responsable legal de Podemos, imputado como persona jurídica.

El último frente judicial llega desde el Tribunal de Cuentas. El pasado 21 de agosto la Fiscalía del órgano fiscalizador consideró necesario remitir a la jurisdicción penal las presuntas irregularidades en unos pagos realizados en la campaña de las generales de abril de 2019. Se trata de la facturación de 290.000 euros a la consultora Neurona Consulting, creada un mes antes.