Los deberes pendientes de los nuevos ministros

Algunos de los nuevos ministros llegan a Moncloa con sus deberes adelantados gracias a la acción de sus antecesores, pero otros deberán ponerse manos a la obra a partir de hoy. Es el caso de la expresidenta del Senado, Pilar Llop, que asume la cartera de Justicia en sustitución de Juan Carlos Campo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –en funciones desde 2018–, la del Tribunal de Cuentas –cuyo mandato caduca el próximo 23 de julio– o la de un tercio del Tribunal Constitucional pendientes. Negociaciones que se encuentran bloqueadas por la falta de consenso entre PSOEy PP.

Otro asunto delicado, apenas tres semanas después de la concesión de indultos a los líderes del 'procés', es el de la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia pese a que la intención de Campo era rebajar sus penas a la mitad (ahora comprenden entre ocho y 15 años de cárcel).

La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, cuyo pilar fundamental es que los fiscales asuman la instrucción, no ha dejado buen sabor de boca en el consejo fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, que emitió un informe muy crítico. Llop tiene el reto de incorporar sus propuestas al texto para cuando vuelva en segunda vuelta al Consejo de Ministros.

El nuevo titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desembarca en el Palacio de Santa Cruz en un momento delicado en las relaciones diplomáticas con Marruecos, cuyo 'casus belli' radica en la soberanía del Sáhara Occidental. Antes de reforzar los vínculos con Latinoamérica o el multilateralismo a través de la Unión Europea, dos asuntos primordiales en la Estrategia de Acción Exterior de España para 2021-2024, al sustituto de Arancha González Laya le urge reabrir los canales de comunicación con Rabat, rotos desde mayo.

Felix Bolaños, negociador de cabecera del Gobierno y ahora ministro de la Presidencia, llevará mañana al Consejo de Ministros la ley de memoria democrática, que ya había dejado preparada su antecesora, la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo. El gran objetivo del texto es poder blindar la extinción de la Fundación Francisco Franco y otras asociaciones filofascistas. El CGPJ ya amparó su existencia en un informe elaborado a mediados de junio, basándose en la libertad de expresión, aunque, matizando, que «siempre que no se humille a las víctimas».

La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, será la encargada de aplicar la llamada 'ley Celaá', fuertemente contestada por la oposición, cuando se inicie el curso en septiembre, con la incógnita también de las medidas sanitarias a aplicar en los colegios. Ayer ya señaló que uno de sus objetivos es reforzar la Formación Profesional «en consenso con la comunidad educativa».

Raquel Sánchez, que toma el testigo de José Luis Ábalos en la cartera de Transportes, también lo hará en las tensas negociaciones que el PSOE mantiene con sus socios de Unidas Podemos para desatascar la ley de vivienda. El principal puto de fricción es la regulación de los precios del alquiler, una cuestión que divide a ambos (los socialistas son partidarios de incentivar fiscalmente a los propietarios, los morados están en contra).

El reto de Diana Morant, nueva ministra de Ciencia, pasa por la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia que preparaba su antecesor, el astronauta Pedro Duque. Ya tiene gran parte del trabajo hecho, porque este también dejó atado el Plan Estatal de Investigación Científica para el periodo 2021-2023 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 con los fondos europeos en el horizonte.

La encargada de comunicar todos estos proyectos ya no será la ministra María Jesús Montero, sino Isabel Rodríguez, nueva responsable de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo. Entre sus objetivos, preparar la reactivación de la mesa de diálogo con la Generalitat, que se retomará en la tercera semana de septiembre.