PP y Cs culpan al PSOE de la pérdida de 6.500 millones en Andalucía

«Durante años no se ha dicho ni sí ni no ni todo lo contrario. Había una inseguridad jurídica tremenda a la inversión y una parálisis total», detalló la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien tildó de «gravísima» la acumulación de expedientes. Crespo detalló tras la reunión del Consejo de Gobierno que los expedientes acumulaban una media de retraso de cuatro años, aunque en algunos casos alcanzaban los diez años de parálisis.

Los plazos, denunció la consejera, se cuadriplicaron en casi todos los casos, de forma que una autorización ambiental integrada tardaba hasta dos años en concederse, frente a los diez meses que están estipulados. De igual manera, las autorizaciones ambientales unificadas que debían resolverse en ocho meses, han tardado 20 meses de media en tramitarse.

Los expedientes retrasados, según el Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno, abarcan desde minería a economía circular, plantas de reciclaje, almazaras. También vinculados a energías renovables, como plantas fotovoltaicas o eólicas, estimados en 2.800 millones, y a los que «no se ha dado salida».

Los cálculos de la Junta de Andalucía es que de haber salido adelante, se hubieran generado 92.000 empleos, «que representan más del 11% de la población desempleada» en la comunidad.