El PP crítica los «parches» de Sánchez en busca de oxígeno tras el «varapalo» andaluz

El pasado 22 de abril, Feijóo envió a Pedro Sánchez su propuesta fiscal para tratar de embridar la escalada de los precios, a la que el Gobierno cerró la puerta sin más. Dos meses después, Sánchez y su gabinete han aceptado dos de esas propuestas –bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerable– y, aunque en el PP, acogen con satisfacción la «rectificación» insisten en que las medidas llegan «tarde» y siguen siendo «insuficientes». «Estamos ante un plan que nos decepciona», reconoció, por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, muy crítica con que estas medidas vengan motivadas «por el varapalo en Andalucía» y no «por el sufrimiento de los españoles».

En Génova creen que Sánchez se que «se equivoca» al decir que es el Gobierno el que va a hacer «un esfuerzo» para implementar las medidas anunciadas cuando ese esfuerzo lo han hecho «cada uno de los españoles a los que ha castigado sin adoptar medidas suficientes para llegar a fin de mes». Consideran que si ests popuestas se hubiesen adoptado cuando se le plantearon, los ciudadanos, argumentó Gamarra, «se hubiesen ahorrado 200 millones de euros de IVA que se han pagado en estos tres meses».

En un acto en Zaragoza, la número dos del PP reivindicó nuevamente el plan económico de los populares que contempla una bajada de impuestos, reducción de gasto burocrático, un mayor aprovechamiento de los fondos europeos, la deflactación del IRPF o la supresión temporal del Impuesto de Hidrocarburos, que esta misma semana Feijóo reclamó en Bruselas. «Mientras Sánchez pone parches el líder del PP propone pactos de Estado», recalcó la dirigente conservadora.

Junto al plan anticrisis, el gallego ha ofrecido en estos meses como líder de la oposición al presidente un plan financiero para la defensa y la seguridad nacional y un acuerdo para la regeneración de la Justicia, que estaba a punto de hacer llegar a la Moncloa, antes de que el PSOE anunciase una reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial para «controlar» el Tribunal Constitucional.