El PSOE suspende de militancia al presidente de la Diputación de Valencia detenido

Junto a Rodríguez, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional arrestó a buena parte de su núcleo de confianza. Los dos cogerentes de Divalterra, la empresa pública que se encuentra en el epicentro de la investigación, Agus Brines (Compromís) y Xavi Simó (PSPV). Esta modalidad, la de la bicefalia, se implantó para terminar con el saqueo de la época de Marcos Benavent, el 'yonqui del dinero', al frente de la antecesora de Divalterra, la malfamada Imelsa. Pero se ha demostrado completamente inútil.

Otros investigados en la causa son el asesor de máxima confianza de Rodríguez, Manuel Reguart, y el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego. Por último, también Jorge Cuerda, el letrado del presidente de la Diputación y secretario del Consejo de Administración de Divalterra deberá dar explicaciones a la Justicia. Todos fueron detenidos para practicar los correspondientes registros.

El arresto de Jorge Rodríguez se produjo en su domicilio. Los agentes también practicaron registros en su despacho de la alcaldía de Ontinyent y estaba previsto que a última hora de la tarde fuera trasladado a la Diputación. La operación Alquería se completó con entradas en otros cuatro domicilios particulares y en las sedes de la Diputación y de Divalterra.

De entrada, se investiga la contratación irregular de altos directivos en la empresa. La realidad es que de la etapa popular, dirigida por Marcos Benavent, se pasó a un periodo en el que la gestión del PSPV y Compromís derivó en el notable aumento de puestos de alta dirección. En 2015 se incoporan siete directivos, personal de confianza de los dos grupos bajo sospecha, PSPV y Compromís.

Esta contratación, con al menos una docena de informes de la propia Divalterra y de despachos externos, llevaría a la comisión del delito de prevaricación. Además, la causa también analiza si existió un delito de malversación. Este encajaría en el hecho de las nóminas que se les paga a cada directivo proceden de dinero público. Se está gastando unas cantidades para las que no se dispone de autorización.

Las reacciones políticas tras las detenciones fueron desde la cautela pedida por los partidos que sustentan el gobierno de la Diputación hasta la exigencia de dimisión de Rodríguez por parte del PP y de Ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el PSOE aplicaría el código ético del partido a Jorge Rodríguez, que fija la adopción de medidas disciplinarias cuando se notifique la apertura de juicio. Mientras, el PSPV y Compromís calificaron de «desproporcionado» el dispositivo policial y pidieron cautela hasta que se aclare el grado de implicación y desde Podemos avanzaron que se pediría la dimisión de Rodríguez.

Pese a que el líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió cautela, el número dos del PSOE y ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, reclamó una reacción. Tras asumir que Rodríguez, portavoz regional del partido, pasaría la noche en un calabozo, la dirección de los socialistas valencianos se reunió a primeras horas de la noche para suspender a Rodríguez de todos sus cargos orgánicos.