Correa confiesa la corrupción en uno de los municipios más ricos del país

Francisco Correa, cerebro confeso de la trama 'Gürtel', ha dado un paso más en su estrategia de arrepentimiento para atenuar su condena en prisión. Si la pasada semana confirmó la repatriación de 24 millones de euros de Suiza bloqueados por la Audiencia Nacional, este lunes ha remitido una carta a la Fiscalía Anticorrupción en la que reconoce el escrito de acusación del Ministerio Público en el próximo juicio, referido a las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). Uno de los municipios con mayor renta por habitante del país y segundo en la comunidad tras Pozuelo de Alarcón.

Correa señala sobre todo al exalcalde de esta localidad, el popular Arturo González Panero, también acusado. «Su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable. La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno. Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario si posteriormente otro mejoraba la dádiva. Dicho lo cual, su actuación se podría resumir como 'amoral'», explica el procesado.

Correa, que hace dos semanas envió al juez una carta en la que pedía perdón e informó de que había solicitado ingresar en el nuevo programa de rehabilitación para delincuencia económica, continúa su misiva de cuatro páginas señalando la «buena relación» que tenía con otros dos acusados: el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMS) Tomás Martín Morales y con José Galeote, exconcejal y padre del que fuera eurodiputado del PP Gerardo Galeote, quien, a través de su hermano Ricardo, condenado a seis años y medio de prisión por los primeros años de actividades de la trama, conoció a Correa.

En relación con el exdiputado popular Alfonso Bosch, el arrepentido admite que fue él quien «introdujo» en el consistorio de Boadilla tras hablar con Martín Morales y González Panero para que le «buscaran un hueco como cargo de confianza»: fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

«Efectivamente todos ellos participaron en el reparto de dádivas», asegura el escrito de Correa, que añade que fue él mismo quien sugirió al exalcalde de Boadilla que tuviera en cuenta a José Galeote «en algunas operaciones». Por ello, «tal y como expone el escrito de acusación» de Anticorrupción, participó «en el reparto de alguna adjudicación, pero siempre bajo el consentimiento y control económico del alcalde».

El manuscrito también detalla que Bosch participaba «exclusivamente» en las adjudicaciones de la empresa municipal de Vivienda, pero quien decidía el «nivel de participación en el reparto» era su jefe, Tomás Martín Morales. Según señala el líder de la 'Gürtel', éste recibía las dádivas de las adjudicaciones de la EMSV y cuando fue nombrado director general del ayuntamiento «cobraba de ambos organismos».

Correa vuelve a reconocer que él materializaba las entregas «en especies, viajes, ropa, regalos, etc». Asevera que la comunicación con el consistorio la mantenía su administradora Isabel Jordán, a quien, según afirma, otorgó «facultades» para decidir las gratificaciones «de los distintos trabajos que nos encomendaban».

Por último, explica que el exalcalde madrileño tenía una «obsesión diaria hasta el punto de convertirse en una adicción» de invertir en Bolsa. Por ello, añade, González Panero le presentó a un «amigo suyo», Javier del Valle, que también figura en la lista de acusados, ya que éste le «organizaba sus estructuras societarias y financieras».

En ese proyecto, añade, además de los creadores de la sociedad, contribuyeron el asesor Javier del Valle, Tomás Martín Morales, José Galeote, a quien Correa «invitó» aportándole la parte que le correspondía, y Pedro Pérez, amigo del empresario.

Así las cosas, además de esta confesión, la defensa de Correa ha remitido al tribunal juzgador un escrito en el que «muestra conformidad con la redacción del factum del Ministerio Fiscal», que solicita para el acusado 76 años y siete meses de prisión. El abogado de Correa afirma que los hechos son constitutivos de una veintena de delitos y considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión. Por este motivo, estima que la pena debería quedar en 13 años y seis meses de prisión y cerca de dos millones de multa.