En menos de 24 horas el Ministerio del Interior cerró la primera 'crisis' orgánica generada en un departamento clave del cuerpo, la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico o crimen organizado. El ministro Fernando Grande-Marlaska nombró, a propuesta de ... la cadena de mando de la Guardia Civil, al coronel Francisco Javier Sánchez Gil como nuevo jefe de la UCO en sustitución de Manuel Sánchez Corbí, destituido el jueves por «pérdida de confianza».
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Nacido en Cáceres en 1964, Sánchez Gil era desde marzo de 2017 jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad y anteriormente fue durante años jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), una sección de élite, equiparable a los GEO, que interviene en las situaciones más complicadas con rehenes, asaltantes o terroristas atrincherados.
Sin experiencia en investigación pero con un amplio bagaje operativo, Sánchez Gil pasará a dirigir una de las unidades más estratégicas y mediáticas de la Guardia Civil, que como Policía Judicial lidera instrucciones como 'Púnica', 'Lezo', 'Taula', 'Procés' o 'Acuamed', y ha resuelto los crímenes de la joven Diana Quer o del menor Gabriel Cruz.
Este coronel sustituye en el cargo a Sánchez Corbí, relevado a petición del director de la Guardia Civil Félix Azón por «pérdida de confianza». La razón fue un correo que envió a sus equipos donde comunicaba que se suspendían hasta nueva orden las actividades que dependían de los fondos reservados porque se habían «agotado».
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Ana Botella, se entendió que el mando de la UCO lanzaba un órdago a los nuevos responsables políticos, después de que se decidiese analizar los gastos de estos fondos reservados. Pero fuentes del ministerio aseguraron que no hubo una parálisis de las partidas, que se autorizaron en 15 días tras supervisar los gastos y que se rubricaron las necesidades más urgentes como el pago a confidentes.
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Finalmente, una semana después de que se filtrase a la prensa el correo electrónico -sobre el que Interior ha abierto una información reservada-, «no cabe duda de que de forma intencionada», admiten estas fuentes, tanto Azón como Grande-Marlaska, amigo de Sánchez Corbí por otro lado, consideraron una «falta de lealtad» que lo hubiera hecho sin consultar con «sus superiores o las autoridades judiciales» y por el peligro que podría haber supuesto para las investigaciones en marcha.
La decisión viene enmarcada en la polémica por la reestructuración orgánica que se está llevando a cabo. En la repartición de puestos clave, la Guardia Civil considera que está saliendo desfavorecida ante el peso que ha ganado la Policía Nacional. Uno de los cambios que ha levantado más polvareda es la elección de un comisario como jefe de coordinación, un puesto estratégico que siempre había ocupado un Guardia Civil.
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