El contrato de la polémica

El Gobierno regional pagó 1.250.000 euros sin IVA, 1.512.500 euros con IVA. O sea, algo más de 6 euros por mascarilla, un precio que en la actualidad sería desorbitado, ya que ahora esos dispositivos se encuentran por menos de un euro a precio minorista. Sin embargo, al principio de la pandemia fueron numerosas administraciones las que hicieron compras muy por encima del precio habitual de mercado.

Según la resolución que firmó la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, las mascarillas compradas a Sportive fueron destinadas a «garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios» del Pabellón 10 de Ifema, convertido entonces en un improvisado hospital de campaña para los contagiados. Las mascarillas, según las fuentes consultadas, llegaron el 10 de abril de 2020, diez días después de la adjudicación, y fueron repartidas de inmediato.

Incluso en el entorno de la presidenta madrileña reconocen que Tomás Díaz Ayuso «no es ajeno» a ese contrato, pero niegan tajantemente que comisionara.

El nexo del hermano mayor de la jefa del Ejecutivo autonómico con Priviet Sportive SL. es que Tomás, como también Isabel, fueron amigos de la infancia de Daniel Alcázar, propietario de Priviet, porque los tres coincidían en verano en el pueblo del que son originarias sus familias, Sotillo de la Adrada, en Ávila.

Tomás Díaz Ayuso lleva más de 25 años dedicado -sobre todo en calidad de comercial- a la venta de material sanitario y hospitalario, aunque dicen en su entorno que su principal ocupación laboral desde 2016 es ser responsable de ventas y desarrollo de la empresa toleadana Artesolar Iluminación S.L., especializada en la fabricación de leds.