El Constitucional verá en febrero el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010

El anuncio llega en plena polémica por el protocolo sanitario que quiere aprobar el ejecutivo de Castilla y León, y que ha provocado una intensa disputa entre los dos socios de gobierno, PP y Vox, para obligar a los médicos a realizar determinadas revisiones a las embarazadas que deciden abortar para tratar de concienciarlas y que cambien de opinión.

Conde-Pumpido, elegido la pasada semana por mayoría simple con los votos de seis de los magistrados del llamado bloque progresista, también ha decidido acelerar la resolución de otros asuntos de calado político y social. En el segundo pleno de febrero, entre los días 21 y 23, se estudiarán las apelaciones contra la regulación de ley de eutanasia de 2021, presentadas por el PP y Vox. La ponencia es precisamente del nuevo presidente.

Posteriormente, en el cónclave del TC de primeros de marzo (días 7, 8 y 9) se debatirán los recursos de los mismos partidos contra la nueva ley educativa (Lomloe) de 2020, conocida como 'Ley Celaá', cuya ponencia ha recaído en la magistrada Laura Díez, la ex alto cargo de Moncloa elegida por el Gobierno en la última renovación parcial del tribunal de garantías.

Asimismo, Conde-Pumpido ha decidido hoy que las ponencias correspondientes a los magistrados que hayan dejado de formar parte del órgano se distribuirán según el orden de antigüedad y de mayor edad de los anteriores y de los nuevos miembros. Por tanto, el reparto ha quedado del siguiente modo: las calificaciones del magistrado Santiago Martínez-Vares las asume la magistrada María Luisa Segoviano (entre otros, el recurso de amparo planteado por Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad).

Las ponencias del magistrado Juan Antonio Xiol las ha recibido su colega César Tolosa (entre otros, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular en 2021 que restringe las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, por ejemplo el nombramiento de cargos discrecionales).

Las ponencias del expresidente Pedro González-Trevijano son para el magistrado Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia del actual Gobierno. Cabe destacar el recurso planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña.

Finalmente, los trabajos del magistrado Antonio Narváez los asume la magistrada Laura Díez. Entre otros, el referido recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra la ley educativa de 2020 o el presentado por Ciudadanos contra la norma de la Generalitat sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.