El Constitucional pone en su punto de mira a Roger Torrent por una vieja denuncia del Gobierno de Sánchez

El pleno del Constitucional, por unanimidad, ha acordado pedir a la Fiscalía que informe si ve desobediencia en la actitud de Torrent y la posibilidad de abrir diligencias contra él. La petición del Constitucional se produce a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez que el 31 de octubre de 2019– diez días antes de las Elecciones Generales y de que el candidato socialista necesitara la abstención de ERC para su investidura- pidió a los magistrados que actuaran penalmente contra Torrent (diputado de ERC), a través de una deducción de testimonio, después de que éste ignorara las resoluciones del propio tribunal alertándole de la ilegalidad de debatir la propuesta que la Mesa aprobó tramitar el 22 de octubre sobre una «resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre». Aquel texto incluía la reprobación del Jefe del Estado y una declaración sobre la «soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».

La Abogacía del Estado, que presentó dos incidentes de ejecución de sentencia, consideró que «la Mesa del Parlament de Cataluña tenía la obligación de inadmitir a trámite la propuesta de resolución» sobre la autodeterminación, puesto que ésta «ya fue declarada inconstitucional» por la corte en dos sentencias de 2015 y 2018 y que, por lo tanto, seguir adelante con esa propuesta «suponía un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional».

El Gobierno en su escrito recordaba, además, que la admisión a trámite de esa resolución «fue objeto de hasta tres solicitudes de reconsideración planteadas por el grupo parlamentario PSC, por el grupo parlamentario Ciudadanos y por el subgrupo parlamentario del Partido Popular», en las que «se señaló específicamente la contravención (…) de las resoluciones previas del Tribunal Constitucional». «Las tres solicitudes de reconsideración planteadas fueron rechazadas por acuerdo de la Mesa del Parlament de 29 de octubre», apostillaba el alegato del Gobierno el pasado otoño.