El Constitucional confirma que la oposición podía controlar el Gobierno en funciones de Rajoy

El alto tribunal otorga así la razón a la Cámara baja, que presentó un recurso con el voto de todos los partidos de la oposición contra el Gobierno del PP, tras el plantón de varios ministros y el propio Rajoy a las Cortes cuando fueron convocados para someterse a preguntas de los diputados. Moncloa rechazó plegarse a las iniciativas de control parlamentario escudándose en que estando en funciones su actividad era puramente administrativa y no tenía cariz político por cuanto ni debía ni podía someterse al escrutinio de un Parlamento que no es el que, en su día, le dio el visto bueno para gobernar.

La sentencia, sin embargo, desmonta este argumento y considera que un Gobierno en funciones no puede quedar exento del control de las Cortes porque, de lo contrario, alteraría el «equilibrio de poderes» previsto en la Constitución. Los magistrados recuerdan además que esta labor fiscalizadora corresponde al Congreso y al Senado conforme al artículo 66.2 de la Carta Magna, aunque entre esta Cámara y el Ejecutivo «no exista dicha relación de confianza», como defendían los populares para no rendir cuentas en el hemiciclo. Una relación que, según subraya el Constitucional, «ha frustrado el ejercicio de una atribución que la Cámara considera como propia».

En el fallo, que se conoció ayer aunque está fechado el pasado 14 de noviembre, el pleno del alto tribunal insiste en que la labor de control es «consustancial a la forma de gobierno parlamentaria» y que no está excluida cuando se trata de un Ejecutivo en funciones, porque sigue actuando aunque lo haga de forma limitada. El Constitucional considera además que al negarse a someterse a la fiscalización de la Cámara, Rajoy y su gabinete vulneraron el derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, el derecho de participación ciudadana.

Los magistrados recuerdan asimismo que tanto la actividad que desarrolle el Gobierno en funciones, como el ejercicio de la labor de supervisión que corresponde a las Cortes han de ejercerse de acuerdo con el «principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales». Una sentencia unánime con la que el máximo intérprete de la Constitución sienta jurisprudencia para que, en el futuro, si vuelve a producirse una situación similar, todo el mundo tenga claro a qué atenerse.

El detonante del conflicto fue una petición del PSOE hace dos años para que el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, explicara en el Congreso una reunión de la OTAN celebrada en Bruselas en febrero de 2016 en la que se debatió llevar a cabo una operación naval en el Egeo contra las mafias que trafican con inmigrantes. Pero Morenés plantó a los grupos argumentando que no tenía la obligación de someterse al «control político» del Parlamento levantando las espadas entre el poder ejecutivo y el legislativo.

El entonces presidente del Congreso, Patxi López, se dirigió sin éxito al Gobierno en funciones pidiéndole que reconsiderara su postura. «El Ejecutivo no puede ni debe estar sometido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza», le trasladó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en una reunión que ambos mantuvieron en la Cámara. Poco antes había sido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría quien, a través de una carta fría y taxativa, descartaba ceder a la supervisión parlamentaria. «No estamos ante una cuestión de voluntad -aseveró-, sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico».

En los diez meses que estuvo en funciones, el Ejecutivo de Rajoy solo rompió esta regla una vez, con la comparecencia del titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para informar de la postura de España ante el Consejo Europeo en el que se iba a debatir sobre el 'brexit'.