El conservador González-Trevijano, nuevo presidente del Constitucional por unanimidad

Con la designación de González-Trevijano, el sector conservador hizo valer de antemano su peso en el Pleno de la corte de garantías y logró atraer a los magistrados progresistas para nombrar sin divisiones al jurista madrileño durante al menos siete meses. Los magistrados quisieron lanzar también un mensaje de distensión para esta nueva etapa, caracterizada en la medida de lo posible por la búsqueda del acuerdo.

Será, no obstante, un mandato marcado por su brevedad. González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional de 63 años, elegido por el Gobierno del PP en 2013, finaliza su periplo de nueve años en junio próximo, cuando está prevista la renovación de un tercio de los miembros del órgano: cuatro de sus doce integrantes. En ese momento, la balanza de mayorías se inclinaría del lado del sector progresista, que tendría además en su mano elegir a un nuevo presidente de su corriente.

Sin embargo, en esta ecuación surge a día de hoy un hipotético impedimento: el actual bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de acuerdo entre socialistas y populares. Esta circunstancia podría alargar la presidencia de González-Trevijano. De esta manera, se mantendría también la mayoría conservadora en la deliberación de los importantes recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver o los de amparo (leyes del aborto o eutanasia, 'procés', casos de corrupción, etc.).

El motivo es que en ese cambio de ciclo de junio el CGPJ elegiría a dos magistrados para el Constitucional y el Gobierno nominaría a otros dos. Pero en estos momentos una reforma aprobada precisamente por los grupos parlamentarios que conforman la coalición gubernamental (PSOE y Unidas Podemos), con el respaldo de sus socios, impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. Una circunstancia que afectaría a los futuribles candidatos a la corte constitucional.

Por lo tanto, en el caso de que el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces persista -está cerca de cumplirse los tres años de caducidad- el cambio de mayorías en las deliberaciones del tribunal de garantías no está asegurado que se cumpla en junio próximo. Y, según estipula la ley -los cambios se harán por tercios cada tres años-, también estaría en el aire que el Gobierno pueda nombrar a sus dos aspirantes, ya que ambas renovaciones han ido siempre de la mano.

En la comunidad jurídica, no obstante, se cree que el reciente pacto entre el Gobierno y el PP para renovar varias instituciones dará paso a otro que desatasque también del Consejo del Poder Judicial. El optimismo, incluso, lleva a pensar de que antes de acabe el año, aunque los negociadores prefieren mantener la cautela porque aún se está limando algunos flecos relativos a la modificación del sistema de nombramiento de los vocales.

Pero si no se alcanza este segundo acuerdo, será curiosamente el propio Constitucional el que tenga en sus manos el botón de desbloqueo. Ello se debe a que la corte de garantías tiene pendientes los recursos presentados por el PP y Vox contra la citada ley que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales estando en funciones. Los ponentes de estas resoluciones son los magistrados progresistas Xiol y María Luisa Balaguer, nombrados a propuesta del PSOE.

De este modo, esta nueva etapa presidida por González-Trevijano será un mandato puente para la batalla de mayorías que se divisa a corto plazo y que depende de la renovación del CGPJ.