El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

Delgado, ex ministra de Justicia, ya pudo comprobar la semana pasada la respuesta que le espera cuando asuma el cargo. Fue en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde recibió una fuerte contestación por parte de los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox, que la consideraron no idónea para el cargo.

El Partido Popular ya anunció en enero que recurriría el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y hoy, con la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministro, ha sustanciado el movimiento procesal que le ha llevado al Tribunal Supremo. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha explicado hoy que el recurso atiende al «odio y el sectarismo» que tiene Delgado hacia el «principal partido de la oposición que le pone bajo sospecha». Y ha insistido en que no es una persona «neutral» y que tiene un nivel de animadversión «inusitado».

Los dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se vulneran con este nombramiento, según el PP, son el 7 y el 59, relativos a la independencia que se le presupone al fiscal general en su actuación y al pasado de Delgado como diputada nacional del PSOE (aunque en las listas se presentó como independiente).

Delgado, que dimitió como diputada del PSOE tras anunciarse su designación, aprovechó ese trámite para defender que, precisamente, su condición de exministra «no es una debilidad sino una fortaleza» en el ejercicio de sus futuras responsabilidades. También insistió en que el actual sistema «preserva la autonomía y la imparcialidad» del Ministerio Fiscal.

Pese a ello, en amplios sectores del ámbito judicial también ha suscitado rechazo tanto por el hecho de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General como por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva.

Entre las tareas que encontrará sobre la mesa estará el nombramiento de medio centenar de cargos en la cúpula fiscal, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, cuyo cargo venció el pasado diciembre; además de puestos en Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

Durante su comparecencia en el Congreso, Delgado contestó a los grupo parlamentarios que cuestionaron su imparcialidad que valorará «caso a caso» si se abstiene en las causas de las que pudo tener anteriormente conocimientos, como la del 'procés' catalán, con la que estuvo contacto debido a su anterior responsabilidad política.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido revertir esta situación.

Delgado defiende el proyecto anunciado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que la instrucción pase a manos de los fiscales, así como la derogación de su artículo 324, que pone fecha tope a estas investigaciones.