El Consejo de Ministros aprueba la subida salarial a jueces, fiscales y letrados judiciales

El pasado 28 de marzo, Justicia y Hacienda llegaron a un acuerdo para aumentar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia hasta 450 euros mensuales de media tras dos meses de huelga de este cuerpo. La partida total suma 22,7 millones. De forma posterior, el 18 de mayo se pactó desembolsar otros 46,7 millones de euros para jueces y fiscales, que amenazaron con iniciar sus propios paros.

Tras conocer este martes la noticia, desde los sindicatos de los LAJ han mostrado su satisfacción aunque sea con tres meses de retraso. «Se empieza así a dar cumplimiento, aunque se bien parcialmente, al acuerdo que puso fin a mas de dos meses de huelga», han señalado en un comunicado. No obstante, recuerdan que queda aún por cumplir el resto de medidas laborales como la aprobación de un nuevo estatuto orgánico del cuerpo que regule el régimen de los encargados del Registro Civil, las libranzas, las retribuciones variables y las sustituciones.

Por su parte, el integrante del Secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez, considera el anuncio del Consejo de Ministros como «un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la administración de Justicia».

En concreto, las asociaciones judiciales y fiscales que suscribieron el acuerdo -todas salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera- consensuaron un aumento de las retribuciones de 440 a 450 euros al mes, según los casos, a completar en tres tramos entre el pasado mayo y el 1 de junio de 2024. El primer tramo, no obstante, tiene efectos desde el 1 de enero pasado.

También se incluyó un calendario para dar continuidad a las negociaciones retributivas para el próximo quinquenio, con la constitución de grupos de trabajo destinados a preparar nuevas mejoras salariales (guardias, trienios, carrera profesional, grupos de población, entre otras y sin descartar ninguna) en un plazo máximo de tres meses y reuniones al menos trimestrales a partir de su constitución.

Otra cuestión que destacaron fue el compromiso de Justicia para la reunión formal de la comisión en mayo de 2024 y anualmente durante el periodo de ejecución, así como la previsión de que se convoquen 100 nuevas plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal en 2023 y otras 100 en 2024.