Dos meses después de anunciar sus intenciones, el Gobierno parece haber dado la fórmula jurídica para trasladar los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. Lo hará mediante un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica. El objetivo es ... blindar la exhumación para que la familia del dictador no pueda bloquearla en los tribunales.
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Según ha resumido en la cadena Ser el ministro de Cultura, José Guirao, «parece ser, que la fórmula más adecuada es un decreto ley que modifique puntualmente la Ley de Memoria Histórica para evitar que las demandas judiciales paralicen la medida». Fuentes de la Moncloa avanzaron que el decreto ley se incluirá este miércoles en el orden del día del Consejo de Ministros del viernes, el primero tras el parón estival. El siguiente paso será su aprobación en el Congreso.
En el Gobierno se tiene la absoluta confianza de que su iniciativa saldrá adelante, toda vez que el 11 de mayo de 2017 la Cámara Baja ya instó al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a exhumar los restos del dictador, con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra. El nuevo periodo de sesiones se abre a mediados de septiembre, por lo que Franco permanecerá en el monumento que ordenó levantar en la sierra madrileña al menos durante unas semanas más.
Pedro Sánchez adelantó en junio que la exhumación podría llevarse a cabo antes de vacaciones. No obstante, la oposición de la familia ha obligado al Ejecutivo a actuar con cautela y alargar más de lo que hubiera querido una situación que habría querido solucionar cuanto antes. La vicepresidenta Carmen Calvo no ha logrado alcanzar un acuerdo con los nietos del dictador. No ha trascendido, siquiera, si estarán dispuestos a hacerse cargo de los restos para darles sepultura en otro lugar a su elección. La Fundación Francisco Franco, a la que el Gobierno socialista ha colocado en el punto de mira para una posible ilegalización, ha avanzado que presentará batalla judicial.
La buena noticia para el Ejecutivo es la posición de la Iglesia, quien sí podría bloquear el traslado si impide la entrada a la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentra ubicada la tumba de quien fuera jefe del Estado desde 1939 a 1975.
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El PP tampoco se opondrá a la exhumación siempre y cuando se «respete la legalidad», según ha adelantado este martes su vicesecretaria de Política Socia, Cuca Gamarra. «Lo que pedimos es que no busquemos en un tema de estas características,constantemente convertirlo en un tema de enfrentamiento. Creo que hay que llevarlo con muchísima más normalidad», añadió la dirigente popular.
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