El Consejo de Europa parece haberse hartado del retraso del Parlamento en la reforma de la 'ley mordaza', cuyos trabajos en el Congreso comenzaron hace ya casi tres años. El organismo internacional se muestra especialmente preocupado por el hecho de que la tardanza en ... acabar con esta normativa está afectando también a las expulsiones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, que siguen siendo legales porque fueron incluidas como una disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana.
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La inquietud del organismo ha llegado al punto de que la comisionada de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, ha remitido una carta (fechada el pasado 20 de noviembre) a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero, urgiéndoles a la reforma.
Mijatovic se muestra muy crítica con la vigencia de las expulsiones en caliente, que el Gobierno del PP introdujo 'con calzador' en la 'ley mordaza' en 2015, aunque nada tienen que ver con la seguridad ciudadana. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido el recurso ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la condena a España por la deportación exprés de dos inmigrantes. Además, el Grupo Socialista, por indicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha decidido mantener, por el momento, esta figura a la espera de que la gran sala de Estrasburgo decida sobre la legalidad o no de repatriar a los 'sin papeles' por las puertas de servicio de los vallados sin mayor papeleo.
Según el consejo, la tramitación de la reforma tal y como se encamina «no proporciona garantías claras contra las devoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español», apunta la carta.
Por ello, Dunja Mijatovic reclama a Marlaska que, entre tanto siguen vigentes las expulsiones en caliente, de inmediato proporcione a la Guardia Civil «directrices claras y de obligado cumplimiento» sobre cómo actuar cuando intercepten migrantes en las fronteras de las dos ciudades norteafricanas «respetando plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
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Pero la preocupación del consejo va más allá de estas deportaciones en los vallados. El organismo mete prisa en la reforma de la 'ley mordaza' porque, en su opinión, «permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias» de derechos como el de libertad de expresión o el de reunión.
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