El Congreso rechaza el plan jurídico alternativo del PP al estado de alarma

La formación de Pablo Casado, que registró su iniciativa cuando Cayetana Álvarez de Toledo aún ocupaba el asiento de portavoz, propone la modificación de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública; y la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para crear un paraguas jurídico consistente con el que las autonomías puedan adoptar medidas restrictivas sin depender del estado de alarma ni del beneplácito de los jueces.

Desde que en marzo irrumpió el coronavirus en España, Casado ha reclamado de forma recurrente esta reforma legal. El presidente de la Xunta, Alberto Núnez Feijoó, envió incluso a la Moncloa una propuesta articulada. El gallego respondió así al anuncio del presidente del Gobierno de buscar «una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes». Una propuesta que Pedro Sánchez ya avanzó en mayo en la Cámara baja y que, incluso, acordó por escrito con Ciudadanos, Esquerra y PNV.

Pero seis meses después, la reforma propuesta por el Ejecutivo se ha quedado en agua de borrajas. «No han hecho los deberes», denunció Gamarra, que acusó al Ejecutivo de padecer «pereza legislativa» y de «haberle cogido el gusto» al estado de alarma, que al principio presentaban cada quince días y ahora ya cada seis meses . «No puede –insistió– ni debe ser la única medida. Debe ser la última».

La portavoz del PP reconoció que la iniciativa «no era una panacea» pero sí «una necesidad» y pidió no convertir el debate en un «rifirrafe ideologico». Pero no lo consiguió. Vox subió a la tribuna con la escopeta cargada y acusó a los de Casado de ser «corresponsables de todos los problemas de España junto con el PSOE. «Y ahora vienen con una proposición engañosa que viene vacia de contenido jurídico y político», denunció su diputado José María Sánchez. «Es una excusa para arreglar su pasado y justificar sus mentiras a posteriori», dijo, por su parte, el parlamentario de Podemos, Enrique Santiago, que exigió al PP una oposición «de lealtad».

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, basó su rechazo a esta iniciativa en que «no se pueden restringir los derechos fundamentales con una simple ley administrativa». Los liberales llevarán al Congreso su propia proposición de ley para limitar la vigencia del estado de alarma e impedir en el futuro que se aprueben prórrogas superiores a los treinta días de duración.