El Congreso inicia la reforma que garantizará el voto a todos los discapacitados intelectuales

La pleno de la Cámara Baja tomará en consideración esta proposición de ley con el respaldo seguro y mayoritario de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, que suman casi el 95% de los diputados, y con altas posibilidades de que la admisión a trámite termine por ser por unanimidad.

La demanda histórica de organizaciones como Cermi, Down España o Plena Inclusión comenzará el camino para convertirse en ley gracias a la iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, que el pasado 22 de junio, a propuesta del PSOE, acordó por unanimidad remitir al Congreso para su debate y aprobación esta reforma de la ley electoral general que busca blindar a todos los discapacitados los mismos derechos civiles y políticos del resto de españoles.

La reforma, si mantiene durante su tramitación en el Congreso y el Senado el apoyo mayoritario inicial, podría convertirse en ley en no demasiado tiempo, pues tiene un contenido muy básico, al ser de artículo único. El proyecto que pasará a la fase de enmiendas pide la supresión de dos de los tres motivos por los que la ley electoral (artículo 3) permite retirar a un ciudadano el derecho de sufragio. Que un juez así lo decida expresamente en la sentencia firma de un proceso por incapacidad o que un magistrado lo ordene, también expresamente y durante un período concreto, en la autorización para el internamiento de una persona en un hospital psiquiátrico. Si la iniciativa llega al BOE en sus términos actuales, el único motivo por el que un español podría ser privado de su derecho de sufragio es que fuese condenado temporalmente a ello como parte de la pena por la comisión de un delito.

Este artículo único terminaría con la exclusión electoral de los discapacitados, pero para desbaratar la discriminación histórica que ya se ha producido la proposición añade una disposición adicional. Establece que, al día siguiente de su publicación en el BOE, quedarán sin efecto todas las limitaciones judiciales del derecho de sufragio acordadas en España por motivos de discapacidad y, por lo tanto, todos los afectados serán reintegrados plenamente en sus derechos.

Si la reforma admitida a trámite termina convertida en ley el Parlamento no solo atenderá las reclamaciones de los colectivos de discapacitados sino también las exigencias de la ONU. La organización le dio un notorio tirón de orejas a España en 2011 al afearle oficialmente que estaba incumpliendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que había ratificado tres años antes- por cercenar los derechos de sufragio de los discapacitados intelectuales y psicosociales, que, según reza en el acuerdo, tienen que poder votar o ser votados en las mismas condiciones que el resto de sus conciudadanos.

Naciones Unidades mostró su preocupación porque la prohibición del sufragio en España sea «la regla y no la excepción» en los procesos judiciales de incapacitación y pidió la supresión de los mismos dos puntos del artículo 3 de la ley electoral que ahora estudia desechar el Congreso.