El Congreso encarga un informe urgente a sus letrados sobre las obligaciones que le exige el decreto para renovar RTVE

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el informe de los letrados ha sido pedido por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, con el beneplácito de todos los grupos y, dada la urgencia de los plazos, deberá estar listo para este mismo miércoles.

El decreto ley, que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya ha abierto un plazo de 15 días naturales para que los grupos parlamentarios propongan candidatos al Consejo de RTVE que deben ser votados en los Plenos del Congreso y del Senado.

Además, y a tenor de la última reforma de la Ley de RTVE, esos consejeros se deben someter a una primera votación, donde se exigen dos tercios de respaldo parlamentario, y en su defecto se requiere una nueva sesión plenaria, 48 horas después, donde ya bastaría con la mayoría absoluta.

Y si el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, impide la elección de los cuatro consejeros que le corresponden, esta tarea se pasa al Congreso, que a su vez debe votar la convalidación del decreto ley en el plazo de 30 días desde su aprobación.

Es decir, que el Congreso podría tener que celebrar hasta cinco sesiones plenarias en menos de quince días para cumplir con el decreto ley: dos para sus seis consejeros, otras dos para los cuatro que el Senado no hubiera elegido, y una más para convalidar la norma.

Y todo ello puede ocurrir en julio, que según la Constitución está fuera del periodo ordinario de sesiones y las convocatorias exigen una serie de requisitos extra a la hora de garantizar la asistencia de los parlamentarios.

La otra variable del decreto ley es su repercusión en las bases del concurso público que la Mesa del Congreso ya había aprobado con los votos de PP y Ciudadanos y que el órgano correspondiente del Senado iba a aprobar este jueves para su inmediata puesta en marcha.

Con su decreto ley, el Gobierno ha modificado la composición del comité de expertos encargado de seleccionar a los candidatos en el futuro y ahora los letrados deben aclarar qué pasos deben dar las Cortes para adaptarse a esos cambios.