El Congreso escenifica su oposición al plan de Hacienda para los ayuntamientos

El Ejecutivo no cuenta ni con el apoyo de sus aliados parlamentarios ni con el cierre de filas de su socio en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos. La organización de Pablo Iglesias ha reconocido sus «reservas» ante el real decreto, por «recentralizar» y tratar a los ayuntamientos «como si fueran menores de edad» a los que se pide «renunciar al grueso de sus ahorros». «Es poco coherente -ha asegurado Jaume Asens en el encuentro de la Diputación Permanente del Congreso- con el acuerdo de Gobierno de coalición y con los respectivos programas electorales».

En el último mes, el PP ha querido encabezar el rechazo de ayuntamientos de diferente signo político a la propuesta de Hacienda, que sólo obtuvo el apoyo del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias y la abstención de Podemos-IU. La discusión en este órgano acabó a principios de agosto en empate, por lo que el presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, inclinó la balanza con su voto de calidad. Un gesto que hoy han vuelto a reprochar los populares.

«El pasado 4 de agosto no se aprobó un acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP, sino entre la facción socialista del Gobierno y los representantes socialistas en la FEMP. El PSOE pactó con el PSOE», ha censurado el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol. Una impresión que, en todo caso, se comparte en otros grupos parlamentarios.

Tanto el PNV como Esquerra o Compromís, socios de investidura de Sánchez, han reclamado una rectificación a Hacienda. Y eso, a juicio de los nacionalistas vascos, no pasaría por permitir que los grupos enmienden el real decreto en una posterior tramitación en el Congreso como proyecto de ley. Sino, por la retirada del mismo y la presentación de uno nuevo.

La formación de Andoni Ortuzar plantea, además, una revisión de la ley de estabilidad presupuestaria para no ser más «papistas» que la UE. Mientras, los independentistas catalanes hablan de derogación.

De momento, las fuerzas políticas, incluido el PSOE, han dado su visto bueno a que la ministra María Jesús Montero comparezca en la Comisión de Hacienda para explicar su planteamiento, tal y como solicitaba el PP. Los socialistas, sin embargo, reprochan al PP el empleo de expresiones como «hurto» para referirse a un préstamo de los ayuntamientos que, insisten, es voluntario. «Este real decreto no incauta, no roba, no hurta, no confisca, no requisa. No obliga a nadie», ha defendido Susana Sumelzo.

Además, la diputada del PSOE ha responsabilizado al Gobierno de Mariano Rajoy de «incautar la autonomía local de los ayuntamientos» con la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y la implantación de la regla de gasto. Una normativa que, ha sostenido, «asfixió económicamente» a las corporaciones locales.