El confinamiento de las libertades

La normativa que recoge el decreto de estado de alarma es tan excepcional como la crisis sanitaria que vive España. La restricción de la libertad de circulación para contener la pandemia, la aplicación de medidas sanitarias como la geolocalización masiva de teléfonos móviles o el celo sancionador de las policías han abierto una brecha en los derechos individuales que ampara la Constitución.

La privacidad ha sido vapuelada por el intervencionismo estatal, que aboca a un cambio de modelo –temporal– de convivencia en las sociedades occidentales. Es creciente la preocupación cuando se vuelva a la normalidad, esto es, cuando se restablezcan los derechos limitados, ya que por el camino se pueden desprender escudos sociales como la protección de los datos personales. Un debate que suscita pasiones en países como Alemania y Francia, y que en España aún sigue en un segundo plano.

Con este inquietante panorama, tres juristas y un historiador consultados advierten sobre la cesión de libertades en favor de la lucha contra un enemigo común, que no tiene voz ni rostro humano. Los expertos ponen el acento en la necesidad de estar atentos ante cualquier tentación liberticida del Poder Ejecutivo.

«Las medidas del decreto de estado de alarma suponen una teórica limitación formal de la libertad de circulación, pero, de hecho, se aproximan más bien a una prohibición general de la citada libertad. Han de aplicarse de forma razonada y razonable», señala Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. «Parece discutible que tengan un fundamento claro en la ley orgánica o en otras leyes, que sí prevén medidas muy restrictivas pero no de alcance general», sostiene.

La primera medida de choque, el confinamiento decretado el 14 de marzo, genera dudas sobre su cobertura misma en el decreto del Gobierno. «No está regulado en la ley ni en la Constitución. En la práctica es un arresto domiciliario, agravado por la actitud de las fuerzas policiales en la calle, que están multando y deteniendo con un exceso de celo que debería ser cuestionado por los tribunales», señala el abogado Carlos Sánchez Almeida. El letrado considera que el miedo está disparando «actuaciones reaccionarias» de la población civil, lo que se ha venido a llamar «balconazis o Gestapo del visillo». «Es muy preocupante desde la perspectiva de las libertades», afirma.

Esta sensación de «arresto domiciliario» también la tiene el historiador Pedro Chacón. «Es un fracaso de la idea de progreso que torpedea las bases de la civilización occidental, basadas en el individuo y sus derechos. Esto demuestra una desconfianza bestial en la ciudadanía», dice el profesor de pensamiento político de la Universidad del País Vasco.

La interpretación extensiva de las prohibiciones del decreto también preocupa a los expertos. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, pone como ejemplo el desalojo de 20 feligreses de la catedral de Granada, cuando las visitas a lugares de culto están amparados si cumplen con ciertas medidas, o la interpretación del uso de espacios públicos, que implica que la gente no puede subir a la terraza de su azotea. «Estos casos son una auténtica modificación del decreto por la vía de la praxis policial. Son restricciones de la libertad que no tienen amparo», advierte Dopico, que asegura que se ha condenado a ciudadanos por un delito de desobediencia –conlleva prisión– «por el mero incumplimiento del confinamiento».

La puesta en marcha de aplicaciones móviles sanitarias, como la app 'Asistenciacovid19' para aquellos que presenten síntomas y el estudio de movilidad anónimo DataCovid, que rastreará más de 40 millones de teléfonos, generan también controversia. Más si cabe después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciase que el Gobierno no descarta utilizarlas con fines policiales para comprobar el grado de cumplimiento del estado de alarma, «siempre con amparo legal y judicial», dijo.

«¿Puede haber control telemático si la persona no consiente?», se pregunta Miguel Presno. «Es un asunto muy delicado. La normativa europea y española exigen que la intervención sea la mínima posible, que no se pueda hacer de un modo invasivo y que no se extienda el control ni a más datos ni durante más tiempo que el necesario», recuerda.

Su colega Sánchez Almeida, especialista en delitos informáticos y derecho digital, no tiene dudas de que estas aplicaciones suponen una brecha en la privacidad. «Nadie nos garantiza que esos datos no sean usados posteriormente por empresas privadas y permitan discriminar a personas contagiadas, hasta el punto de negarles seguros de vida o de asistencia sanitaria por estar en una lista negra. El Big Data (herramienta de los operadores de telecomunicaciones) permite cruzar muchísimos datos y elaborar perfiles, algo que nos despojaría de toda libertad. Los datos son el petróleo del siglo XXI, y hay muchos intereses en juego».

Para el historiador Pedro Chacón los gobiernos de izquierdas, en general, «son muy paternalistas» y usan el músculo del Estado «para tratar a los individuos como personas que no son capaces de cuidarse a sí mismas». «En este espacio se mueven como pez en el agua, vamos hacia el modelo oriental de sociedad», vaticina.

Existe temor de que el derecho a la privacidad, el más oculto de todos, quede tocado cuando se levante el estado de alarma. «Ya tuvimos experiencia de las consecuencias del recorte de libertades tras los atentados del 11-S, que luego permanecen mucho tiempo», apunta Sánchez Almeida. «Es muy importante que las entidades de supervisión específicas, como la Agencia de Protección de Datos, estén vigilantes, al margen de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo o la ciudadanía», advierte Presno Linera.