Dos meses para reparar un país

Constituida el 7 de mayo, sesión en la que fue elegido presidente de la mesa el socialista Patxi López (la popular Ana Pastor era la otra candidata), la primera prueba de fuego de la comisión se desarrolló el pasado miércoles en un inusual clima de concordia. El tono fue cordial entre los 46 diputados que la forman y aprobaron el plan de trabajo sin ningún voto en contra (168 a favor y 162 abstenciones correspondientes a PP, Vox, ERC, Junts y PNV). Pero muchos temen que no sea un oasis político, sino un espejismo para guardar las formas frente a la ciudadanía en la mayor crisis de nuestro tiempo.

Los grupos de trabajo, formados por 20 parlamentarios cada uno, se estructurarán en torno a cuatro bloques: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. El PP planteó, sin éxito, la creación de un quinto bloque referido a libertades públicas.

Dentro de estas áreas está prevista la comparecencia de diferentes expertos en la materia. En un primer momento, los grupos habían presentado casi 300 peticiones de comparecencias, pero López avisó de que esa cifra era «imposible» de sustanciar en el tiempo disponible hasta julio. Los partidos minoritarios aconsejaron excluir a los miembros del Gobierno ya que podían ser citados en otras comisiones, pero el PSOE se negó. «¿Esta va a ser la única comisión del Congreso donde no pueda hablar el Gobierno?», se preguntó la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Finalmente se llegó a una solución de compromiso entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos, ERC y PNV –principales grupos de la comisióny redujeron el listado a casi 40 comparecencias. Empezando por la vicepresidenta Carmen Calvo, se escuchará a los otros tres vicepresidentes, a los ministros de Sanidad, Trabajo, Igualdad y Asuntos Exteriores. También comparecerán los agentes sociales (CEOE, Cepymne, sindicatos, autónomos) y representantes de organismos supervisores (Banco de España o Airef), de ONGs y de organizaciones sanitarias, científicas, de turismo y de las universidades.

Sin embargo el tiempo juega en contra del consenso. El calendario, muy ajustado, prevé que las sesiones de trabajo se celebren hasta el próximo 6 de junio, luego se redactarán conclusiones de los cuatro grandes temas y el verdadero debate por el acuerdo se producirá en la comisión entre el 3 y 6 de julio, momento en que se fijará una fecha para someter el texto resultante a la votación del pleno del Congreso.

El PP y Vox querían programar cuatro reuniones semanales, incluyendo sábados, pero se impuso el criterio de PSOE, Unidas Podemos y las minorías para dejar que estas se vayan convocado en función de las necesidades.

Un ambiente en el que se intentarán emular los pactos de la Moncloa, firmados por partidos, sindicatos y empresarios en 1977 y que marcaron el devenir de la Transición. El objetivo ahora es superar la pandemia.