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Diego Pérez de los Cobos jugará su última carta en el Tribunal Supremo contra su cese como jefe de la Comandancia de Madrid por parte del Ministerio del Interior. El coronel de la Guardia Civil ha presentado recurso de casación ante la Sala de lo ... Contencioso-Administrativo después de que la Audiencia Nacional declarara legal la orden que adoptó el secretario de Estado de Seguridad por pérdida de confianza a raíz de la investigación de la causa del 8-M: las manifestaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno coincidiendo con el inicio de los contagios por coronavirus en marzo de 2020.
La defensa de Pérez de los Cobos ha recurrido su cese por «arbitrario, delictivo y discriminatorio», e incide en que el tribunal de la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar las salidas de funcionarios en puestos de libre designación, como era su caso.
Fue en septiembre cuando los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso consideraron justificado el argumento de Interior por no informar del desarrollo de las diligencias de investigación, no de su contenido como había interesado la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, a los investigadores de la Comandancia de Madrid.
Interior no veían lógico mantener «al interesado en el mismo» puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», sentenció por unanimidad la Sala. «En el presente caso», añadieron los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, y estimaron el recurso de la Abogacía del Estado porque el cese del coronel no supuso »desviación de poder«.
En respuesta a estos argumentos, el letrado de Pérez de los Cobos cree conveniente que el Supremo clarifique la interpretación jurisprudencial sobre la motivación de estos ceses en la Guardia Civil en puestos de libre designación. El recurso critica que la Sala considere que la razón genérica de la pérdida de confianza no sea susceptible de revisión y no se pueda valorar si tiene razón de ser. «Esto equivale a sostener que no existe vía alguna para cuestionar un cese arbitrario, basado en premisas falsas, discriminatorio o incluso delictivo en sí mismo«, defiende.
El oficial murciano de 57 años está destinado en la actualidad en la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid, aunque su intención en esta pugna judicial con el ministro Fernando Grande-Marlaska es volver a la Comandancia madrileña. Su figura se proyectó a raíz de dirigir por orden judicial el dispositivo policial del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, dado su alto cargo entonces en Interior. Pero el resultado de este encargo y su politización judicial acabó por sacudir su carrera, que estaba encauzada a la promoción a general hasta que apareció en su destino la causa del 8-M de 2020.
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