El primer juicio de 'Tándem' se ha iniciado este miércoles casi cuatro años después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal acusado, fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas ... referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.
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El denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara -desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares- y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo policía en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros -a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenada--, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.
Villarejo comparece como principal imputado, si bien este juicio congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su mujer, Gema Alcalá, para quien la Fiscalía pide 86 años de cárcel, así como Redondo y el comisario García Castaño, que se enfrentan a penas de 102 y 87 años de prisión, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
La Audiencia Nacional juzgará a la vez las piezas separadas conocidas como 'Pintor', 'Iron' y 'Land', que implican a empresarios sospechosos de haber recurrido a los servicios del entonces policía para espiar a colegas y competidores.
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En la pieza 'Pintor' entrarían en juego los empresarios Juan y Fernando Muñoz, acusados de contratar entre 2016 y 2017 al excomisario' en busca de información reservada para presionar a un exsocio por una deuda y conseguir que él y su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, «modificaran su estrategia procesal» en un procedimiento judicial.
En el caso de la pieza 'Iron' se investiga la supuesta contratación de Villarejo en 2013 por parte del bufete Herrero & Asociados, que habría pagado 302.500 euros «de forma opaca» para espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.
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Y en 'Land', el presunto pago de 340.252 euros en el marco de una disputa familiar por la herencia del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda.
Tras las dos sesiones de esta semana, el juicio se reanudará a principios de noviembre, cuando están señaladas tres jornadas. Después se retomará en enero de 2022, con una quincena de sesiones programadas.
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