Las cinco voces que destaparon al «semidiós» de Siria

Cinco voces de la diáspora siria. Cinco testigos que aportaron luz judicial para esclarecer la red corrupta en España de Rifaat Al Assad. Una operación de altos riesgos personales para sus protagonistas que ha tenido su premio: congelar los activos de las 507 propiedades en España del exvicepresidente sirio, valoradas en 695 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió la causa en diciembre de 2016 tras recibir una querella de la Fiscalía por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las acciones se dirigían contra el tío del actual presidente sirio, dos de sus mujeres, ocho hijos y tres apoderados, uno de ellos el ciudadano español Manuel Flores.

La investigación fue entregada a la Guardia Civil como policía judicial y concluyó el pasado 21 de noviembre, casi tres años después, con el auto de procesamiento que propone a la Sala de lo Penal juzgar a los acusados. La mayoría no estarán en el banquillo, porque el 'cabecilla' Rifaat, exvicepresidente del país entre 1944 y 1984, no reside aquí y es poco probable que viaje para enfrentarse a las penas de prisión que reclamará el fiscal. Tiene 82 años.

No obstante, en el Juzgado Central de Instrucción número seis fueron conscientes desde el principio que el objetivo del 'caso Al Assad' era identificar el entramado societario y las propiedades en España, demostrar de forma indiciaria su procedencia del blanqueo de capitales y proceder a su embargo cautelar mientras se espera a la sentencia.

En esta estrategia, la presencia de los testigos de cargo era capital para vertebrar el relato de hechos del juez. La policía judicial se puso manos a la obra desde 2017 para buscar estos testimonios en varios países. Con otra causa abierta en Francia como punto de partida, a principios del pasado verano consiguieron, no sin riesgos ni temores para los testigos, las ansiadas declaraciones que están en el tomo 11 del sumario.

Un abogado, un activista, un exgeneral de Ejército, una particular y un exvicepresidente del Gobierno dejaron su huella en el procedimiento. Los guardias civiles consultados, que han preferido no hablar hasta que no haya sentencia, hicieron un trabajo «ímprobo» -«días de búsqueda y viajes», comentan en el juzgado- para dar con su paradero.

Su principal temor eran las represalias. Y es que la sombra de Rifaat, quien fuera máximo responsable de la seguridad del país durante 40 años, es aún hoy muy alargada. «Era el jefe superior del sistema de inteligencia, de las Brigadas de Defensa. Formó un grupo paramilitar, Shabiha, que se benefició del contrabando de droga o fármacos. En Siria era casi Dios«, comentó al juez el exgeneral Adnal Alhwash. Su testimonio relata el enriquecimiento ilícito previo del acusado antes de huir a Europa en 1984, después de llevarse 200 millones de dólares del tesoro sirio y 100 más como préstamo al país del expresidente libio Muamar el Gadafi.

El abogado Mohamed Hamido relató el tráfico de arqueología con el que también se lucró Rifaat. «En los setenta se descubrió en Minaq una cueva de la época romana con importantes cantidades de oro. Llegó un helicóptero, se bajó Rifaat y se fue con los tesoros. En 1983, un año antes de salir del país por su enfrentamiento con su hermano, el presidente Hafez Al Assad, se halló en una nave de Hama con 204 kilos de oro en forma de estatuas y antigüedades expoliadas. Su propietario, de nombre Saleh, fue interrogado. Pero intervino Rifaat y se tapó todo».

Susan Kabbani testificó también que en 1969 el acusado expropió de forma ilícita un edificio en Damasco que había levantado su familia. Denunciaron y un tribunal les dio la razón. Pero Rifaat usó a su ejército privado para coaccionarles e incluso secuestraron a su hermano.

En el caso de Abdel Khaddam, exvicepresidente sirio, y del activista y abogado Anwar Albuni echaron por tierra la coartada en la Audiencia Nacional de Rifaat: el dinero que les permitió invertir en España desde 1986 procedía de una donación de la realeza saudí de diez millones. Pero la investigación ha demostrado que entre 1986 y 2005 se gastaron 52 millones en la compra de propiedades.