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Los cinco negociadores de los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han reunido este miércoles para abordar por tercera vez la elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al órgano de gobierno de los ... jueces. Como era previsible, no ha habido acuerdo. Una circunstancia que supone dar un nuevo salto en el calendario que podría precipitar la eventual dimisión del presidente del Consejo y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
De acuerdo con el comunicado emitido por el sector conservador, representado en estas negociaciones por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, la reunión ha transcurrido «con total cordialidad y con plena coincidencia de los asistentes en la necesidad de lograr amplias mayorías», pero hasta ahí los puntos en común.
Los conservadores han insistido en que, a pesar de que los progresistas ya pusieron sobre la mesa una lista de nueve candidatos, la «intensa búsqueda» de aspirantes entre magistrados del Supremo que han hecho ellos por su cuenta «ha resultado infructuosa» hasta en tres ocasiones. Una de estos nombres, tal y como adelantó este periódico, era el de Inés Huerta, integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y miembro de tribunal que examina los indultos del Gobierno a los condenados a prisión por el procés.
Sobre los candidatos del sector progresista, dicen los conservadores que no han elegido un nombre entre los nueve inicialmente propuestos. Pero han puntualizado que ya han reducido la lista a tres. No obstante, previa deliberación interna, sí estarían en condiciones de determinar a día de hoy el candidato único.
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Además, el bloque conservador ha transmitido a sus colegas progresistas que la visita del Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, «es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos».
Por último, han comunicado que, entre los temas abordados, se ha vuelto a alertar de «la agravación de la precaria situación del Tribunal Supremo, de no mediar antes sentencia del Tribunal Constitucional», que tiene pendiente resolver un recurso de Vox y PP contra la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe desde marzo de 2021 realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial por estar el CGPJ en funciones.
La reunión de hoy llega después de que el Pleno del CGPJ acordara la semana pasada la convocatoria de esta reunión para intentar decantar dos candidatos y votar mañana en un pleno extraordinario. Pero al fracasar la cita de este miércoles, habrá una segunda oportunidad el próximo día 13 «para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas».
La única manera de romper este embrollo es que fructifique la división del voto en el sector conservador, mayoritario en el CGPJ. En caso de convocarse un pleno se necesitan 12 de los 19 votos en liza para designar a los magistrados al Constitucional. Una mayoría cualificada que dificulta la intención de Lesmes de dejar cerrada esta renovación «por exigencias de la ley» antes de presentar su dimisión. El horizonte es el jueves 13 de octubre, pero si ve imposible el acuerdo para esa fecha podría incluso precipitar su salida antes.
Lesmes ya encargó al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo un informe para que determinara cómo se le debe reemplazar en los dos cargos que ostenta: presidente del CGPJ y del propio alto tribunal. Los expertos señalaron que, llegado el momento, debe sustituirle quien ocupe la vicepresidencia de ese último órgano judicial, que ahora desempeña interinamente el magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil. Una hoja de ruta que fue apoyada por la Sala de Gobierno del Supremo y supuso un aval para el máximo representante del Poder Judicial.
Los acontecimientos en torno al CGPJ se han precipitado tras la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Estuvo en España entre el 28 y el 30 de septiembre para protagonizar una ronda de conversaciones con todos los actores implicados en la crisis del Poder Judicial, PP y PSOE incluidos.
Los vocales congelaron sus negociaciones a la espera de los resultados que obtuviera Reynders, el cual se fue sosteniendo que había arrancado un «compromiso claro» a Gobierno y PP para renovar ya el CGPJ y reformar «inmediatamente después» el sistema de elección de sus miembros. Sin embargo, ambas partes rebajaron posteriormente dicho compromiso.
La presión sobre el CGPJ empezó aumentar el pasado 12 de junio, cuando venció el mandato del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano; su vicepresidente; Juan Antonio Xiol; y también los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Con ello se produjo la necesidad de que, conforme dicta la Carta Magna, Gobierno y CGPJ propusieran cada uno dos aspirantes a cubrir las vacantes.
Ante las dudas jurídicas de que Moncloa pueda designar los suyos sin esperar al Consejo, el Gobierno impulsó una segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ sus poderes para realizar nombramientos pero solo para los dos del TC. Además, impuso una fecha límite para ello: el 13 de septiembre, ya ampliamente superada.
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