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M. Balín
Madrid
Miércoles, 7 de septiembre 2022, 21:43
En medio de la disputa política por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, otro elemento relevante ha avivado las tensiones ya no solo entre PSOE y PP, sino en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Se trata del cumplimiento de ... la cuota del Consejo para nombrar a dos magistrados al Tribunal Constitucional, en proceso también de renovación parcial.
La reforma impulsada por el PSOE para devolver al Consejo la facultad para designar a estos magistrados pese a estar en funciones y que exige una mayoría de tres quintos ha provocado un terremoto de consecuencias imprevisibles. No solo porque la competencia no se ha extendido al resto de plazas vacantes en la alta judicatura debido a este ley, sino porque la norma impone un plazo de tres meses desde su aprobación –el pasado 12 de junio aunque entró en vigor un día después– para cumplirse.
Y es este límite temporal lo que ha provocado una revuelta en el bloque conservador del CGPJ –mayoritario pese a alguna 'fuga' de vocales afines–, que ha puesto en serios aprietos el plan del presidente Lesmes para ejecutar la norma pese a no estar tampoco de acuerdo con el plazo de tres meses, que finaliza el lunes.
Consciente de los tiempos, Lesmes convocó en julio un pleno extraordinario para este jueces con un único punto: debate y votación de los candidatos a ocupar estas dos plazas en el Constitucional.
El presidente se las deseaba felices con la búsqueda del mayor consenso posible entre los vocales, pero su estrategia saltó por los aires tras los movimientos del sector conservador para desoír el plazo de la reforma socialista y marcar los designios del debate gracias a su mayoría en el pleno.
Esta circunstancia llevó el pasado lunes a Lesmes a modular su mensaje, hasta tal punto que denunció maniobras en el Consejo para hacer «tambalear» las exigencias del cumplimiento de la ley. Entonces, el presidente abrió la puerta a extender el debate más allá de este jueves; incluso mencionó el próximo lunes. Los ocho integrantes del sector conservador, reforzados por su capacidad de veto, han decidido sentarse a negociar pero con una línea roja: los tiempos los marca el pleno.
Visto este movimiento, el propio Lesmes ya asume que se superará el límite legal para designar a los dos magistrados al Constitucional y se prepara para la previsible acometida del Gobierno por saltarse la norma.
Del mismo modo, otro problema añadido se ha gestado en los últimos días: la falta de candidatos que quieran ocupar esos dos puestos en la corte de garantías. Se da la paradoja de que el rechazo viene sobre todo desde el Tribunal Supremo. Los magistrados que han sido tocados no quieren formar parte de este embrollo de cariz político-judicial. Además, la lista de candidatos se acorta debido a las plazas vacantes de algunas salas por la imposibilidad de nombrar a los sustitutos por parte del Consejo. Y, como es evidente, no se quiere hacer más daño proponiendo a integrantes de estas salas.
Así las cosas, en el pleno de este jueves no se prevén grandes novedades con respecto a posibles nominados, sino más bien el debate se centrará en las reglas del procedimiento. Eso sí, se podrá ver cómo están los equilibrios con la vista puesta en futuros plenos de la próxima semana, afirman fuentes del Consejo.
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