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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el miércoles 28 de octubre un pleno extraordinario para tratar la reforma planteada por el Gobierno sobre el órgano de gobierno de los jueces. El pasado jueves siete vocales del Consejo solicitaron por escrito al ... presidente Carlos Lesmes la convocatoria de esta reunión para tratar la modificación de las mayorías parlamentarias necesarias para renovar la institución, cuyos miembros están en funciones desde diciembre de 2018.
El escrito fue presentado por vocales designados a propuesta del Partido Popular, entre ellos José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona. Para ello se ampararon en el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita la celebración de una sesión extraordinaria si el presidente lo cree oportuno o si lo solicitan al menos cinco vocales.
Los consejeros pidieron expresamente a Lesmes que «convoque con carácter urgente un pleno extraordinario para que se examine la reforma planteada por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú».
La reforma ha causado un amplio rechazo tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones –excepto la progresista Jueces y Juezas para la Democracia– y también en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de «inconstitucional» el intento de acabar con la mayoría reforzada de 3/5 para designar a los vocales del CGPJ, en sustitución de la mayoría absoluta.
A ello se añade el método parlamentario elegido, la proposición de ley, que elude los informes preceptivos del propio Consejo, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Una decisión que ha causado «estupor» en el CGPJ, según fuentes de este órgano.
Además, tres Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), las de Madrid, Castilla y León y Extremadura, impulsaron este lunes declaraciones para mostrar su «profunda preocupación» ante esta iniciativa legislativa, que supone una «instromisión que colisiona con las bases del Estado de Derecho». Los órganos territoriales señalaron que la independencia solo se logrará mediante la designación directa de los 12 vocales judiciales por los propios jueces, tal y como recomiendan desde Europa.
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