Sánchez y Aragonès reunirán a final de mes la mesa de diálogo tras encauzar su crisis

En la Moncloa llevaban días dando por sentado que Esquerra está ya en otra página y, de hecho, la formación independentista apoyó el jueves diez de las quince resoluciones que los socialistas presentaron como colofón al debate sobre el estado de la nación. Los republicanos facilitaron la investidura de Sánchez, aprobaron los Presupuestos de 2022 y esta semana -delicada por un macropleno en el que también se dirimían el segundo decreto anticrisis, la Ley de Memoria Democrática y la renovación exprés del TC- han apoyado al Gobierno. El presidente Sánchez, tras superar el debate de la nación, allana así el terreno con ERC, a la que necesita para encarar el tramo final de la legislatura aunque este viernes ambas partes dijeran que no hablaron de los presupuestos para 2023.

Aragonès, no obstante, se resiste a dar por normalizadas las relaciones. Estas volverán a su cauce si hay avances en la mesa, según advirtió en una comparecencia, como es costumbre para marcar distancias, desde la delegación del Govern en Madrid y no en Moncloa. Por parte del Gobierno, quien dio cuenta de la reunión fue la ministra de Política Territorial y portavoz. Isabel Rodríguez evitó dar muestras de un excesivo entusiasmo, pero se felicitó de que la cita transcurriera en un clima «positivo y correcto desde el punto de vista institucional».

Con todo, no ofreció pista alguna de las cuestiones que se abordarán en la mesa, que cumplirá su tercer encuentro (el segundo bajo presidencia de Aragonès) y que en esta ocasión no contará con los dos presidentes.

El jefe del Ejecutivo autonómico, en cambio, fue algo más preciso y confió -y por momentos dio por hecho- en que habrá ya «acuerdos parciales» en materia de «desjudicialización», lo que el independentismo llama la agenda contra «la represión». Espero «hechos y concreciones», presionó. Su propuesta es una ley de amnistía, que el Gobierno rechaza, por lo que puso el acento en las «causas abiertas» a los independentistas, en las que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden influir, como ha ocurrido en el caso del Tribunal de Cuentas.

Por el contrario, Aragonès sí quiso dejar muy claro que la 'carpeta Puigdemont' no estará sobre la mesa. «No negociaré su situación», zanjó tras el varapalo del abogado general de la UE a la estrategia del expresident, que podría ser extraditado. El Gobierno negó que hablaran tanto del expresidente como de la reforma del delito de sedición. El Ejecutivo contempló esta posibilidad, pero la guardó en un cajón tras conceder los indultos.

La ministra, mientras, aseguró que en el tiempo transcurrido desde la última reunión de la mesa de diálogo, el 15 de septiembre de 2021, se han mantenido muchas reuniones técnicas y se ha «actualizado la agenda del reencuentro». Según su versión, en la conversación que este viernes mantuvieron el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat trataron cuestiones relacionadas con la situación económica y los fondos europeos. Y constató que en lo nuclear para el secesionismo están en «posiciones muy distintas». «La nuestra sigue siendo la defensa de la Constitución y del título VIII (el que define la organización territorial de Estado)», avisó. Aragonès replicó que la «desjudicialización» no resuelve la «raíz» del conflicto: la soberanía y la reivindicación de un referéndum.

El Gobierno y Aragonès emplazaron a Junts a participar en la cita de finales de julio. La mesa llega en un momento muy tenso para el Govern. Junts no acudirá salvo que se acepten sus condiciones, que son que se puedan integrar en la delegación miembros ajenos a la Generalitat. Tanto el Gobierno como Aragonès se niegan, lo que sirve a los junteros de excusa para afirmar que han sido vetados.

El otro punto de conflicto es la acusación contra Laura Borràs. En cuanto llegue su procesamiento, es posible que en otoño, la decisión de apartar a la presidenta del Parlament la tendrá la Mesa de la Cámara catalana y más en concreto ERC. Una bomba de relojería en el seno del Govern. El entorno de Borràs amenaza con hacer saltar el Gobierno catalán si Esquerra la deja caer.

Aragonès, en cualquier caso, necesita llegar al ecuador de su mandato, coincidiendo con las municipales de 2023, con avances en la mesa de diálogo. Necesita poder justificar ante la parroquia soberanista que la apuesta de colaboración con el Gobierno da frutos. La otra patata caliente es Puigdemont. Si es extraditado, hará saltar por los aires la legislatura catalana.