Los catalanes suspenden el inicio de legislatura de Aragonès

Los votantes que mejor valoran al Govern son los de ERC, que le califican con un 5,85. La administración catalana recibe el aprobado también de los electores de Junts y los comunes, precisamente las tres formaciones que validaron los Presupuestos autonómicos. Aragonès contemplaba a la CUP como socio de la legislatura, pero en la negociación de las cuentas dio un giro y cambió de socios. En general, la mayoría cree que el Gobierno catalán no sabe cómo resolver los problemas del país, por delante de los que consideran que sí sabe pero necesita tiempo.

El sondeo fija además cuáles tienen que ser las prioridades del Ejecutivo autonómico. El 59% de la población sitúa la gestión de los servicios que son competencia de la Generalitat como la política más urgente que tiene que afrontar la administración, frente al 37% que considera que lo primero que tiene que resolverse es el «problema político» entre Cataluña y el resto de España. Solo los votantes de Junts creen que la cuestión nacional es más prioritaria que la del día a día. En este sentido, el Govern recibe una buena nota de la ciudadanía en la gestión de la pandemia. Tanto la atención sanitaria en los hospitales, como en los ambulatorios, en las escuelas, así como el proceso de vacunación o las medidas adoptadas obtienen una nota superior al 6 sobre 10. El 63% de la población califica como «adecuadas» las restricciones que ha ido aprobando el Govern a lo largo de la gestión de la crisis sanitaria, entre otros el toque de queda nocturno, en vigor aún en Cataluña o el cierre del ocio nocturno.

De todos los servicios gestionados por el Govern, el que mejor nota recibe es el de la promoción de la igualdad de género y la lucha contra las discriminaciones, además de la promoción de la cultura, la enseñanza pública y las infraestructuras. Las políticas que peor percepción tienen son las relativas a la justicia, vivienda y lucha contra el paro. Mientras, el 36% de la población está dispuesta a pagar más impuestos a cambio de que mejoren los servicios públicos, si bien la mayoría de la ciudadanía, el 48%, aboga por que la carga fiscal se mantenga igual. Solo el 8% apuesta por la bajada de impuestos, como han hecho otras autonomías como Madrid.