El caso de los ERE encara su recta final con el análisis de la principal prueba de cargo

El juicio se reanuda este martes con la declaración de la última decena de testigos. Entre ellos se encuentra la ex directora general de Trabajo del Gobierno español en los años 90, Soledad Córdova, quien llegó a reconocer que el Ejecutivo central utilizó también la fórmula andaluza de concesión directa de ayudas. Serán unas sesiones breves antes de que el día 11 comience la declaración de los peritos designados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuya comparecencia ha sido solicitada por la Fiscalía.

La clave de su informe de 8.000 folios radica en su planteamiento sobre las transferencias de financiación, el mecanismo usado desde 2001 por la Junta para pagar las ayudas. La dirección general de Trabajo, epicentro del supuesto fraude, ordenaba la cuantía de los pagos y los destinatarios, pero eran los entes autónomos de la administración, principalmente el Instituto Andaluz de Fomento (IFA), más tarde convertido en Agencia Idea, quienes materializaban esos pagos con cargo a sus cuentas tras haber recibido los fondos para su funcionamiento vía transferencia de financiación de las diferentes consejerías. Según los peritos, una fórmula «inadecuada de acuerdo a la ley» que servía para evitar los controles a la hora de otorgar las prejubilaciones en la que se acabaron colando «intrusos» o las ayudas directas a empresas que no llegaron a iniciar actividad alguna.

Algunas partes, como Griñán, trataron de apartar el documento de la vista oral, y otras, como el ex interventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, lo han cuestionado por recoger «excesos conceptuales», rechazando que se pudiera denominar «fraude» al empleo de la fórmula de transferencias de financiación para pagar las ayudas y poniendo en duda el conocimiento de los expertos sobre la administración. De hecho, tras los peritos será el turno de los catedráticos de Derecho Tributario que elaboraron un contra informe en el que por el contrario se establece que las transferencias de financiación son una herramienta administrativa con amparo legal, común en las Administraciones públicas, y aprobadas por el Parlamento andaluz a través de la ley de Presupuestos.

La fase pericial se prevé extensa, y tras ellas ya solo quedaría la presentación de las conclusiones finales de cada parte y el turno de última palabra de los 22 acusados para que el magistrado Juan Antonio Calle Peña comience una deliberación que se prolongará con seguridad varios meses, por lo que la sentencia no estará como mínimo hasta la próxima primavera.

Hasta este momento, los 22 ex altos cargos que han declarado en la sesión oral han coincidido en que desconocían que se estuvieran cometiendo irregularidades de ningún tipo y que además nadie les avisó, eludiendo cualquier posible responsabilidad. Sin embargo, los interventores que han declarado en calidad de testigos han incidido en el «cúmulo de irregularidades» detectadas en la tramitación de las ayudas sociolaborales, de las que alertaron a las Consejerías de Empleo, Hacienda e incluso Innovación. Y consideraron un «fraude de ley» que se dieran las subvenciones sin fiscalización previa. No obstante, el testimonio más llamativo fue el de una de las asesoras de la Dirección General de Trabajo entre 2008 y 2011, María José Rofa. Esta testigo clave de la causa que facilitó más de mil archivos a la UCO durante la instrucción no solo insistió en el caos con el que se llevó la tramitación y concesión de las ayudas, sino que apuntó al conocimiento que del sistema tenían Chaves y Griñán, dado que, según explicó, era en el Consejo de Gobierno donde se daban las órdenes para pagar las ayudas.