Casado rescata su plan B al 155 en Cataluña

Casado sostiene que la norma permitiría tomar el control de los agentes, garantizar que los Mossos d'Esquadra «dejen de recibir órdenes ilegales» y cerrar el Cesicat, el 'CNI catalán', que, según el juez, estuvo detrás del asalto al Parlamento de Cataluña que planificaban los arrestados en la 'Operación Judas'. «Hemos conocido –advirtió el líder de los populares en una entrevista en Telecinco– que la Generalitat estaba involucrada en los preparativos de estos posibles atentados a través de esa mal llamada agencia de inteligencia».

El Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2016 sobre la ley que rescata Casado y que no afectaría a las competencias de la Generalitat sobre la policía autonómica. Lo que la normativa contempla es que, ante una «situación de interés para la Seguridad Nacional», el presidente del Gobierno, vía real decreto, defina la crisis, su ámbito geográfico, la duración y, en su caso, nombre a una «autoridad funcional» que pueda dirigir y coordinar las actuaciones y a las administraciones implicadas.

En todo caso, no es la única legislación «básica» que, a juicio del líder de los populares, conviene aplicar en este contexto en Cataluña. Casado apuesta por controlar las instituciones penitenciarias; vigilar las cuentas a través de la ley de sostenibilidad financiera con el fin de evitar una supuesta «malversación a favor de la independencia»; reforzar la alta inspección educativa para impedir el «adoctrinamiento» en las escuelas; y encontrar en la legislación audiovisual la manera de frenar la «propaganda» en los medios de comunicación.

El listado no es nuevo. Ya en abril, ante la posibilidad de perder la mayoría absoluta del Senado y quedarse sin apoyos para el 155, el equipo de Casado expuso este plan alternativo sin descartar, incluso, el cierre de TV3, extremo al que hoy no se refirió el presidente del PP. También entonces dejó sobre la mesa la ley de partidos, una normativa, que volvió a advertir este lunes al independentismo, contempla que cualquier formación «que aliente la violencia puede ser ilegalizada». «Hasta aquí puedo leer».

Los populares trasladaron este lunes el encuentro habitual de su comité de dirección a Barcelona. Un gesto, en víspera del 1 de octubre, con el que pretendían respaldar a la Guardia Civil tras la resolución del Parlamento de Cataluña que pide su salida del territorio.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, instó al Gobierno a recurrir, como anunció el viernes, este y otros textos de la Cámara autonómica y a romper con Junts per Catalunya y Esquerra en instituciones como la Diputación de Barcelona.