Casado exige a Sánchez que zanje el debate sobre la Corona ante la presión de Iglesias

Lo que era un tabú se ha convertido en un elemento más de la refriega doméstica. Pablo Casado, que hasta ahora se había limitado a ensalzar la trayectoria de Felipe VI sin mencionar la actividad financiera de su padre, emplazó a Sánchez a no permanecer pasivo ante los, a su juicio, ataques a la institución monárquica. «No puede callar y otorgar. Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide la abdicación ni un referéndum», reclamó este viernes en un acto electoral en Vitoria.

Se refería a las palabras en ese sentido de la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, pero también a las de Iglesias, que rechazó la desvinculación de las actividades de Juan Carlos de Borbón de la figura de su su hijo. «La Monarquía -dijo- es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación». El líder del PP considera que el presidente del Gobierno actúa con tibieza ante los «ataques intolerables» del vicepresidente segundo a la Corona, y cree que es inaceptable que calificara como «inquietante y perturbador» lo que se va conociendo de los negocios del rey emérito. «Lo inquietante y perturbador en España -afirmó- no es la Monarquía, sino este Gobierno radical».

Iglesias hace un análisis inverso de la situación. Tras aplaudir que Sánchez utilizara esos términos para referirse a las actividades de Juan Carlos de Borbón -demostró «valentía y sentido de Estado»- reclamó que desde la Moncloa se estimule el debate «sobre la utilidad» de la institución real.

El Gobierno, afirmó el vicepresidente segundo en un comentario en Facebook, que luegó amplió en un acto electoral la localidad vizcaína de Durango, «no se puede aislar de un debate social, que es el elefante del que habla todo el mundo». Es llamativa, buscada o no, la alusión al paquidermo porque en su día se atribuyó al rey emérito el papel del «elefante blanco» en el 23-F que iba a hacer triunfar la intentona golpista de 1981.

Que se ponga en tela de juicio a la Corona, subrayó el líder de Unidas Podemos, «habla bien de nuestra democracia y de un pueblo que está dispuesto a discutir de todas las cosas». Ya en el mitin de Durango, Iglesias sostuvo que el conocimiento de los negocios privados y de la fortuna oculta del padre del Rey han marcado «un antes y un después» en el debate sobre la monarquía parlamentaria como forma de gobierno establecida en la Constituciñon de 1978. Ese debate, prosiguió, es «una realidad» que está en la calle y el Gobierno «no lo puede ignorar». Taparlo, según Iglesias, sería ir en sentido contrario.

Pedro Sánchez guardó silencio ante los emplazamientos antitéticos lanzados por sus socios de Gobierno y por el principal partido de la oposición. En la Moncloa, asimismo, se impuso este viernes el mutismo. Pero fuentes socialistas pusieron muy en duda que el presidente del Gobierno vaya a atender los requerimientos de su vicepresidente segundo para «abrir el melón» de la vigencia de la Corona. Tampoco, añadieron, va a prestar atención a las demandas de Casado para zanjarlo como si no pasara nada. Sobre todo porque se ignora cómo van a evolucionar los acontecimientos judiciales referidios al rey emérito ni las informaciones que quedan por ver la luz.

El Gobierno aguarda un movimiento de Felipe VI en relación a su padre porque a su entender no puede ponerse de perfil con un asunto que ha puesto en juego el prestigio de una institución que no vive sus mejores tiempos. El Rey, por el momento, continúa con su gira por las comunidades autónomas para, según la versión oficial, agradecer a los ciudadanis su comportamiento durante el confinamiento de tres meses.

El único comentario que salió de la Moncloa fue para precisar que las palabras de Sánchez a favor de una reforma constitucional para revisar los aforamientos de los cargos públicos, incluidos los de la Casa del Rey. Fue, señalaron portavoces oficiales, una «reflexión», pero no está en la agenda política inmediata del Gobierno. La propuesta, además de no tener efectos retroactivos, exige un amplio consenso entre las fuerzas políticas, sobre todo entre PSOE y PP, que hoy en día es inalcanzable. Todo ello sin contar con su compleja y larga tramitación.