El PP no ve posible renovar ahora con el Gobierno la composición del CGPJ

El mandato del actual CGPJ expiró en diciembre de 2018 y su composición fue aprobada en 2013, cuando el PP contaba con mayoría absoluta y Mariano Rajoy tenía a Alfredo Pérez Rubalcaba por interlocutor. En realidad, hace poco más de un año, un mes antes de que el plazo venciera y con Sánchez ya en la Moncloa, socialistas y populares intentaron un pacto que pasaba por una mayoría de vocales de perfil progresista y por que la presidencia la asumiera el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Pero la negociación se frustró.

Marchena acabó renunciando a la candidatura para presidir el CGPJ y el Supremo tras salir a la luz un mensaje de móvil distribuido por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presuponía que con este juez al frente del Poder Judicial se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal. En un comunicado, el magistrado reivindicó su independencia. De inmediato, los populares achacaron a la filtración de su nombre, y no al controvertido texto de WhatsApp, el paso atrás que había tenido que dar.

Desde entonces, no ha habido nuevos intentos de entendimiento. El PP, de hecho, incluyó en su programa electoral una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el método de designación de los vocales y que los 12 que tienen procedencia judicial -los otros ocho son juristas de reconocido prestigio- sean elegidos directamente por jueces y magistrados y no por las Cortes. Y esa modificación de la normativa es la que los populares defenderán ahora en caso de que Sánchez se ponga en contacto con ellos para abordar la renovación del CGPJ.

Casado, aseguran fuentes de su entorno, no cierra la puerta a reunirse con el jefe del Ejecutivo y atenderá su llamada, que, hasta ahora, insisten, no se ha producido. Pero las posibilidades de acceder a un acuerdo son escasas, y el consenso es imprescindible, puesto que se requiere el respaldo de tres quintos de las Cámaras.

El PP, que ha planteado una oposición total al Gobierno de PSOE y Podemos, se revuelve ante las acusaciones de bloqueo. En primer lugar, fuentes de la dirección nacional no creen, pese a que caducó el mandato en 2018, que urja la renovación del CGPJ y ven en los reproches que llegan desde la Moncloa «una serpiente de invierno para tapar lo que el Ejecutivo está haciendo». Los populares se refieren, fundamentalmente, a que Sánchez ha designado a su ministra de Justicia, hasta ahora diputada socialista, para tomar las riendas de la Fiscalía General, y a que, tal y como lo ven, eso se enmarca en una estrategia de «gestos» al independentismo.

El partido de Casado considera, de hecho, que Pedro Sánchez intenta «tomar la justicia» para lanzar mensajes a los secesionistas y poder sacar adelante con Esquerra los Presupuestos. Y, siendo esa su interpretación, rechaza llegar a un acuerdo para «blanquear» los planes del Gobierno. En las organizaciones territoriales, donde se defiende una oposición constructiva y huir de los «excesos» del debate de investidura, respaldan también esperar. Consideran que la decisión del Gobierno ha indignado al mundo judicial y no ven «conveniente» pasar de manera directa a pactar el reparto del CGPJ.

El PP, de hecho, se centró este jueves en pedir un paso atrás de Delgado. Los populares esperaban del CGPJ un pronunciamiento contrario a la idoneidad de la candidata a fiscal general. Y dado que el órgano se limitó a constatar que cumple los requisitos legales, en las filas conservadoras instaron a la exministra a renunciar «si le queda alguna dignidad». El partido recurrirá su nombramiento ante el Tribunal Supremo.