Casado apuesta por una ley que favorezca la maternidad frente al aborto

Casado avanzó que, en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno tras las generales del 28 de abril, promoverá una ley de maternidad. La norma, desgranó, protegerá a las mujeres embarazadas, especialmente a las menores de edad y futuras madres en riesgo de exclusión. También se pondrá en marcha un servicio de atención inmediata para las madres en periodo de gestación y se garantizará la confidencialidad de aquellas que opten por dar a sus recién nacidos en adopción.

Por último, el líder del PP se comprometió a que su Gobierno favorecerá el acceso a la vivienda a las madres, favorecerá su conciliación familiar y erradicará las desigualdades laborales. Así, sin nombrar el aborto, Casado avanzó una batería de medidas que servirían para rebajar sus estadísticas, según los cálculos de los populares. «¿Qué hay más progresista que, sin decir a las madres lo que tienen que hacer, el PP les dice que va a tener un empleo para que decida libremente seguir adelante con el embarazo?», justificó Casado.

«En España -continuó el líder de los conservadores- cada año nacen 400.000 niños pero uno de cada cinco embarazos se interrumpe libremente. Ese debate quedó superado hace décadas y no hay que hablar de él en términos jurídicos, lo único que tenemos que hacer las instituciones es apoyar a las que quieren ser madres para hacer más fácil esa decisión y sin hacer juicio de valor

El equipo de Casado había reservado para esta semana del 8 de marzo todas sus promesas electorales vinculadas a la mujer. Incómodo con la convocatoria de huelga y movilizaciones de los colectivos feministas, el PP ha tratado de reivindicar así su trayectoria en materia igualdad bajo el lema «No hablamos por ti, hacemos para ti».

El lunes, los populares inauguraron su campaña con la propuesta de un pacto de Estado para acabar en cinco años con la brecha salarial, pese a que en 2018, con Mariano Rajoy en el Gobierno, mostraban sus reticencias a legislar sobre este asunto y consideraban que la normativa vigente ya recoge como ilegal la discriminación en el trabajo por razón de sexo.

El martes, Casado anunció su deseo de extender el complemento para la jubilación de madres trabajadoras a aquellas mujeres que tengan un solo hijo y situarlo en el 2% de la pensión. Y el viernes, planteó un plan de conciliación y un «cheque guardería». Este sábado presentó su propuesta sobre maternidad.

El PP ha sufrido en el último año una evolución. En 2018, el partido rechazó de plano la protesta organizada por el colectivo feminista al considerarla «elitista» e «insolidaria». Este miércoles, la decisión de importantes dirigentes populares de acudir a la manifestación del 8-M en Madrid, pese a haber leído algunas de ellas el texto de la convocatoria y no compartirlo al 100%, generó un intenso debate interno. Las primeras en mostrar su interés en asistir a las movilizaciones fueron la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, la responsable de Comunicación, Marta González, y la secretaria de Igualdad, Mari Mar Blanco. Pero, finalmente, la opinión contraria a participar en la marcha con un manifiesto que la formación no secunda acabó prevaleciendo.

La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, mostró su desacuerdo con el comunicado de la Comisión 8-M por «excluir y discriminar» a las mujeres que no son de «izquierdas». Y la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó tanto la huelga como la manifestación. Un cargo del partido da por sentado que también pesó el hecho de que Vox pudiera «aprovechar» electoralmente la asistencia de su contrincante a la movilización.

El manifiesto se oponía «a una derecha y extrema derecha» que ha situado a «mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal». También abogaba por que «el aborto esté fuera del Código Penal» y se «respeta la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años». La interrupción voluntaria del embarazo es, precisamente, otro de los asuntos que genera controversia en las filas conservadoras. El PP ya resolvió dejarlo fuera de su convención nacional en enero y de su programa electoral. Dirigentes populares trasladaron a Casado la conveniencia de no seguir enredados con este tema y aparcar su propuesta de retorno a la ley de 1985, teniendo en cuenta que ese debate «no está en la calle».

Pero en los últimos meses, la competencia con Vox ha generado distorsiones en el discurso del PP. Aunque los populares no han abandonado la defensa del pacto de Estado contra la violencia de género, Casado introdujo a principios de año en el debate público, en plenas negociaciones con el partido de Santiago Abascal en Andalucía, la «violencia doméstica» como otro tipo de agresión a combatir. En su partido, dirigentes y cargos territoriales advirtieron de que ese «gesto» podía desdibujar la lacra real, la de los malos tratos a la mujer. El líder de los conservadores insiste en que afrontar ambos problemas es compatible y en que se malinterpretaron sus palabras.