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El PP acatará el decreto que establece el estado de alarma en Madrid pero no enterrará el hacha de guerra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una decisión que considera «injusta» y «con fines partidistas». El líder de la oposición, Pablo Casado, exigió este ... viernes al presidente del Gobierno que comparezca con urgencia en el Congreso para explicar las medidas impuestas en la capital y en otros ocho municipos y que demonizan, en su opinión, a los madrileños. «No lo ha hecho en Navarra, donde gobierna con Bildu, ni lo hizo en verano en Aragón, La Rioja o Cataluña», aseveró.
El dirigente conservador mostró «todo su apoyo» a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso e insistió en que sus medidas «estaban siendo eficaces». Prueba de ello, explicó, es la bajada en el número de contagios experimentado en los últimos días por Madrid que dejaría a la ciudad por debajo del controvertido límite de 500 casos de covid por 100.000 habitantes aprobado la semana pasada en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que condujo a Sanidad a ordenar medidas drásticas en contra del criterio del Gobierno madrileño.
Casado insiste en que las limitaciones deberían seguir aplicándose solo a los distritos y zonas con índices superiores a los marcados por las autoridades sanitarias. Un modelo que también defiende el Ejecutivo regional, que ya ha advertido de que presionará «cada día» al Gobierno central para que levante el estado de alarma. En la Real Casa de Correos creen que Sánchez ya «tenía tomada la decisión desde hace mucho tiempo» porque «no ha dado ninguna opción de diálogo a Madrid» para consensuar un plan conjunto. «Le sobra soberbia y le falta diálogo», remarcó el líder de los populares, que acusó al presidente de incitar a Díaz Ayuso para que «prevaricase» al reclamarle que cumpliese unas medidas restrictivas que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había tumbado.
Según Casado, había otras opciones intermedias entre «lavarse las manos y abandonar a los españoles y un estado de alarma ruinoso». Desde que el pasado marzo se decretase la excepcionalidad, la formación conservadora lleva reclamando al Gobierno, sin éxito, un plan B jurídico alternativo a este mecanismo constitucional. «La pelota –dijo– está en el tejado de Sánchez», a quien emplazó a respaldar la proposición de ley que el PP tiene registrada en el Congreso y que permitiría con una reforma exprés, que todas las comunidades tuviesen una normativa con la que podrían adoptar medidas restrictivas sin depender de los tribunales.
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