La carta a los Reyes de los pequeños

Los regionalistas cántabros, cuyo diputado, José María Mazón, fue el único parlamentario no socialista en apoyar la investidura de Sánchez tras el 28-A, ahora exigen que la licitación los tres tramos del ferrocarril de Palencia a Alar del Rey aparezca registrada en el BOE antes del 31 de diciembre. «Si no sale, no hay voto», ya avisó el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que en octubre se felicitaba de que era «más importante tener una representación influyente en Madrid que la presidencia de Cantabria».

En los últimos días, en un tono más sombrío, reconoció que tampoco van a apoyar «nada inconstitucional», en clara referencia a las negociaciones entre PSOE y ERC. De los detalles de dicho acuerdo también está pendiente el debutante Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe. Los aragoneses temen que las concesiones socialistas a los soberanistas escapen al marco constitucional. Sin embargo, el verdadero interés de su formación pasa por «llegar a un pacto de estado por la despoblación» o buscar alternativas laborales al cierre de la térmica de Andorra, entre otras cuestiones.

El caso de Más País es más peculiar. Durante toda la campaña, su líder Íñigo Errejón insistió en que su salto a la política nacional tenía como principal objetivo «desbloquear la política española». Y aunque se da por hecho que apoyará la investidura, tras su reunión con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, insinuó que no iba a salirle gratis a los socialistas.

Esa misma tarde presentó una serie de condiciones para asegurar el voto afirmativo. Entre ellas revisar el Código Penal para «que no haya ambigüedades» en los delitos de violación, el compromiso a sacar adelante por vía parlamentaria un anteproyecto de ley para el cambio climático que fije reducir el 50% de las emisiones de CO2 en 2020 o una mesa de Transición Ecológica. «A este gobierno -afirmó- no le puede pasar como en la Cumbre del Clima».

En la misma línea se mueve su socio de coalición, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que pide a los socialistas un nuevo modelo de financiación autonómica y la aprobación de mecanismos de compensación. El dirigente valenciano señaló «la necesidad» de que a lo largo de esta legislatura el Estado asuma el 50% de los servicios de dependencia y que en los próximos Presupuestos se dé cumplimiento al nuevo Estatuto valenciano y «se aprueben inversiones teniendo en cuenta su población».

Ana Oramas, de Coalición Canaria, tiene una opinión personal negativa sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, como ya expresó en rueda de prensa tras reunirse con Felipe VI en el marco de la ronda de contactos. La diputada canaria exige «conocer el acuerdo» entre ambos partidos «antes de decidir el sentido del voto». También pone como condición conocer cuál será la posición del Gobierno en una obligada y futura negociación sobre el sistema de financiación autonómica, ya que rechaza hablar de negociación bilateral con algunas comunidades autónomas.

Más abierto se encuentra su compañero de Nueva Canarias Pedro Quevedo. Al Rey le trasladó su voluntad de apoyar la investidura, matizó que «no es un voto en blanco» y pondrá como condición «la defensa de los intereses de Canarias».

El diputado del BNG, Néstor Rego, por su parte, se muestra «distante» a apoyar a Sánchez y pide soluciones para los trabajadores de la industria eléctrica gallega, «que ven destruir sus trabajos». También denunció los «altos peajes» de la AP-9.