¿Cuál es la capacidad real de las UCI española frente a la pandemia?

Ante esa perspectiva que le dibujaron los expertos del Ministerio de Sanidad, Sánchez mandó hibernar a la economía española sin consultar ni a las comunidades, que son las administraciones que gestionan esos recursos, y sin pedir informes actualizados de cómo las diferentes autonomías están tratando de gestionar esta situación extrema. El jefe del Ejecutivo se fió al 100% de lo que el jefe de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, le dijo.

Sin embargo, la situación de las UCI es muchísimo más compleja , y sobre todo opaca, de como la dibuja Simón, empezando por el hecho de que en plena crisis del coronavirus es imposible saber cuántas camas de UCI reales existen después de que la mitad de las autonomías hayan anunciado que cuentan con nuevas plazas, cuya calidad y estándares es un verdadero arcano.

Por lo pronto, ninguna autonomía reconoce, tal y como insiste Sanidad, que sus unidades estén al límite del colapso. Ninguna de las nueves comunidades que según los datos recopilados por este periódico, superan el 50 % de sus ocupaciones en UCI (Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla-León, Cantabria, País Vasco y Aragón) se plantea a día de hoy pedir el traslado de enfermos a otras regiones a pesar de que el ministerio de dirige Salvador Illa insiste en que sigue estudiando esta opción.

Todas las consejerías afirman tener recursos, sobre todo porque desde que hace tres semanas comenzara la crisis sanitaria muchas de las comunidades han creado de la noche a la mañana camas de cuidados intensivos que antes no existían. Y todo ello sin que se conste la compra de nuevos equipos o la contratación del indispensable personal intensivista para gestionar estas unidades tan complejas.

Antes de la crisis del coronavirus en España había 348 Unidades de Cuidados Intensivos con 4.404 camas. Los hospitales públicos acogían 3.508 y los privados 896. En la actualidad, el número de plazas, de acuerdo con las poco rigurosas informaciones que facilitan las comunidades y Sanidad, sería de 8.422. En menos de un mes, el sistema ha doblado su capacidad de UCI.

Pero no solo, las promesas de las diferentes consejerías apuntan a que España esta misma semana podría contar con 10.161 plazas de cuidados intensivos. O sea, el sistema sanitario es capaz de aumentar sus UCI en un 230% en menos de un mes en plena crisis mundial de material sanitario.

Así, Madrid dice poder tener operativas en breve 1.745 camas frente a las 641 antes de la crisis; Cataluña afirma que pude contar con 3.000 cuando en febrero tenía solo 650, Euskadi se compromete a llegar a las 550 frente a las 262 de hace solo unas semanas…

Con esas cifras no debería alarmarse nadie -y mucho menos paralizar toda la economía de un país- ya que en España ayer se contabilizaban 'solo' 5.218 pacientes de UCI (la gran mayoría por coronavirus pero también con otras patologías).

Además, el número de ingresos crece a un ritmo de solo el 5% diario y aunque las estancias en estas unidades lleguen a las cuatro semanas, el sistema debería responder. De hecho, la práctica totalidad de autonomías asegura públicamente que pueden activar de inmediato decenas, cuando no centenares, de camas de UCI. Eso sí. Sin especificar qué características tendrán esos puestos y, sobre todo, de dónde van a sacar el material y los profesionales intensivistas para poner a trabajar esas unidades médicas de élite.

Los anuncios de las comunidades se producen al mismo tiempo que los médicos de las UCI reales que están en funcionamiento se las ingenian para hacer 5.000 respiradores para los paciente con máscaras de buceo donadas por Decathlon ante la falta de material sanitario de verdad. O al mismo tiempo que la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) no es que denuncie la falta de material digno de unidades intensivistas (como respiradores y dispositivos de ventilación mecánica), sino la carestía de fármacos de uso general con los que sedar a los pacientes.

Ayer, de nuevo, María José Sierra, jefa del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, insistió en que la Administración central no «descarta en absoluto» trasladar pacientes de una comunidad a otra. Es más, que Sanidad moverá a esos enfermos en cuanto esos viajes se «consensuen» con las comunidades y éstas lo soliciten. El problema -reconocen desde el Gobierno y las autonomías- es que ni siquiera existe el cauce legal para hacer esta demanda en el caso de que alguna autonomía lo pretendiera. Pero es que ninguna comunidad lo demanda. Al menos, no por el momento.