La campaña congela los indultos para los presos del 'procés'

El adelanto electoral en la Comunidad de Madrid le ha forzado a cambiar los planes. El PSOE no quiere facilitar al PP y a Vox el argumento de una cesión ante los independentistas antes de unos comicios con la relevancia nacional que tienen los de Madrid. Tampoco ayuda a los planes del Ejecutivo sobre los indultos que las negociaciones para la formación de un Govern en Cataluña sigan encalladas y que la fracasada investidura del republicano Pere Aragonès haya puesto a correr de nuevo el reloj electoral.

La decisión de congelar la tramitación del perdón a los dirigentes soberanistas encarcelados por el 1-O ha causado profundo malestar en Esquerra, que lleva semanas amenazando al Ejecutivo con un cambio de rasante, si no mueve ficha. Los republicanos, que apoyaron la investidura de Sánchez y los Presupuestos Generales del Estado, quieren que haya un compromiso explícito sobre el momento de su concesión.

El Gobierno ha trasladado hasta ahora a Esquerra su voluntad de conceder esta medida de gracia en cuanto sea posible pero todo apunta a que no será antes del verano. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, reconoció a finales de marzo en 'La Vanguardia' que no hay un «cronograma» y que, cuando estén los informes preceptivos, el titular de Justicia «hará una propuesta» sobre los indultos al Consejo de Ministros.

Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los líderes del 'procés' ante el indulto, el Ministerio Público mostró su oposición frontal a la concesión de la medida de gracia.

Tras ello el alto tribunal solicitó el correspondiente informe a la Abogacía del Estado, que la semana pasada rechazó pronunciarse a favor o en contra de esta medida de gracia alegando que de hacerlo se estaría «anticipando» a una decisión que corresponde al Ejecutivo. Completados los informes de las acusaciones, es ahora el tribunal presidido por Manuel Marchena quien debe emitir su dictamen.

PP, Ciudadanos y Vox se niegan a contemplar el perdón gubernamental para los políticos catalanes condenados por el referéndum ilegal de 2017, que interpretan como «otra concesión a los independentistas y a los que quieren romper España». Los populares confían, por ahora, en que el informe del Supremo detenga la intención más o menos velada del Ejecutivo. Pero si el Gobierno concede los indultos a los líderes independentistas, ya han anunciado que los recurrirán por «ilegales».