El PP busca hacerse decisivo porque a Sánchez «no le vale» con ERC y Bildu

Con una brecha abierta en su base parlamentaria por el escándalo del espionaje al independentismo, el Ejecutivo ha visto esta semana cómo el PP volvía a salir en su auxilio para permitir –junto a Vox y Ciudadanos– la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional. «Esperamos que el Gobierno entienda que solo puede abordar los acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición», señaló la secretaria general de los conservadores, Cuca Gamarra.

No es la primera vez que el PP rescata al Gobierno en el mes y medio que Alberto Núñez Feijóo lleva a los mandos del primer partido de la oposición. Hace una semana blindó al Ejecutivo de la presión de sus socios para que no se viera forzado a aceptar una comisión de investigación sobre el funcionamiento del CNI a cuenta de Pegasus. Lo hicieron, dicen los populares, por «responsabilidad», porque no quieren un campo de batalla en un asunto de seguridad nacional. «Que Sánchez haya decidido debilitar las instituciones no significa que nosotros lo vayamos a hacer», ha aseverado su líder.

El PP defendió también a la jefa de los espías cuando, tras su comparecencia en el Congreso ante la comisión de secretos oficiales, los socios del Ejecutivo elevaron el tono y extremaron la exigencia de responsabilidades. Solo ellos, de nuevo junto con Vox y Ciudadanos, respaldaron los argumentos del PSOE y concluyeron que las explicaciones ofrecidas por Paz Esteban sobre el espionaje a 18 personas vinculadas con el independentismo –entre ellas, el ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès– habían sido plenamente satisfactorias.

La decisión poco después del Gobierno de cesar a la directora del CNI fue criticada con dureza por los conservadores al considerar que «debilita al Estado» y consuma el «esperpento» con el único objetivo de que Sánchez pueda intentar garantizarse «su supervivencia política». Creen que Moncloa ha utilizado la filtración de la infección de Pegasus en los móviles de Sánchez y de los ministros de Defensa e Interior para tener una supuesta justificación con la que ceder ante sus aliados de Esquerra. «El presidente se ha rendido a las exigencias de unos socios que se han demostrado insaciables», censuró Feijóo.

La llegada del dirigente gallego a la presidencia del PP inauguró un disenso cordial, menos beligerante, y abrió la puerta a pactar con los socialistas los grandes asuntos del Estado como reclaman la mayoría de los votantes de los dos grandes partidos. Según el último estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuestiones de actualidad, nueve de cada diez ciudadanos consideran bastante o muy importante que se alcancen acuerdos de país. Es más, casi la totalidad de los electores del PSOE, según los datos del instituto demoscópico, cree que la Moncloa debería haber alcanzado un acuerdo con los populares para aprobar su plan para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

El Gobierno sufrió para sacar adelante el decreto –contando hasta el último voto–, pero solo recurrió a los de Feijóo cuando se vio al borde del abismo. Sin embargo, optó en el último momento por el aval de EHBildu, que salvó el decreto «por la gente, no por el Gobierno», como sentenció su portavoz en el debate parlamentario. Los populares votaron en contra al no abrirse Moncloa a negociar ninguna de sus propuestas para acabar con el «infierno fiscal».

Pese al rechazo a su plan de rebaja de impuestos, Feijóo volvió a dirigirse al Ejecutivo para pactar que gobierne «la lista más votada», una fórmula que desechó inmediatamente el PSOE. Esta misma semana, el líder del PP realizaba una nueva oferta al proponer un acuerdo, por concretar, en materia de seguridad nacional que Sánchez, según lamentó el dirigente gallego, «ha ignorado». Y en lo que sí hay consenso –reanudar los contactos para renovar el Consejo Poder Judicial–, habrá que esperar. Los populares, molestos con «los insultos» de Sánchez, lo han postergado hasta después de las elecciones en Andalucía.